Mauricio Romero

(texto não editado)

Una de las movilizaciones más significativa por derechos sindicales, políticos y civiles durante las últimas tres décadas en Colombia ha sido la de los trabajadores bananeros de Urabá, región cercana a la frontera con Panamá. Estos han consolidado una organización de industria, única en el sector agrario colombiano, con cerca de 15.000 trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, Sintrainagro, el cual también incluye trabajadores de plantaciones localizadas en otras regiones del país. Esta organización logró un marco común de negociación colectiva para el sector a finales de los años 80, y así superar lo que se hacía antes en cerca de 310 convenciones individuales, en negociaciones por finca y sin ninguna sincronización en el tiempo.

Igualmente, Sintrainagro impulsó una importante mejora en las condiciones de vida de este grupo durante los años 90, lo mismo que en las posibilidades de acceder a centros de poder político local, luego de las reformas de descentralización iniciadas a finales de la década del 80. Y aún más, ese sindicato se ha constituido en uno de los impulsores de la organización de una federación lationamericana de trabajadores agropecuarios, que ya agrupa a un gran número de los asalariados bananeros de este continente. Cómo se han obtenido estos logros en medio de un conflicto armado tan feroz y despiadado como el colombiano, en el cual Urabá ha sido una de las zonas más afectadas? Se podría considerar esta nueva situación como el inicio de una trayectoria encaminada hacia la ciudadanía, como los dirigentes actuales de los trabajadores lo afirman?

Si bien la extensión de derechos ciudadanos a un grupo específico no garantiza de ninguna forma un régimen democrático -los gobiernos autoritarios de Mussolini, Hitler, Franco y Salazar lo mostraron- hay que señalar que durante la vigencia de esos regímenes se crearon lazos de ciudadanía con las poblaciones que según esos caudillos formaban su respectiva nación. Desde este punto de vista, la ciudadanía se considera como una relación social que une a un determinado grupo humano con un estado. Ese vínculo implica obligaciones mutuas y un sentido de dignidad individual ligado a una inclusión social y a la pertenencia a una comunidad política, la mayoría de las veces nacional. (Tilly, 1995; Pécaut, 2000). En el caso de Urabá, esa relación ha supuesto el trueque de protección, seguridad y un nivel de participación política regional de los trabajadores y sus aliados sin par en otra región del país. Esto se ha logrado a cambio de lealtad a un orden político-económico, así este orden haya implicado el destierro o eliminación de una de las fuerzas partidistas más importantes de la región -la Unión Patriótica, UP-, y de expresiones cercanas a ésta.

Igualmente, hay que resaltar que esa lealtad no es al estado nacional asentado en la capital, Bogotá, sino a un orden regional surgido de la consolidación de un aparato militar no estatal, que se define como contrainsurgente. Aunque el resultado actual es inestable, de continuar la dinámica predominante en la última década, el control militar y político que las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, han logrado en la región bananera se podría fortalecer, y en particular el de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, la organización más fuerte dentro de aquéllas. Si esto ocurre, la consolidación de unas identidades políticas anticomunistas es predecible, aunque no es fácil decir qué otros rasgos las definirían. Sin embargo, mientras exista la posibilidad de un proceso de paz exitoso entre el gobierno central y las FARC, ese particular orden está amenazado. Igualmente, una prolongación de la situación actual, con bloqueos a las vías terrestres que comunican a Urabá con el centro del país, y con interrupción en la actividad económica a través de saboteos a la transmisión de energía eléctrica a la zona, hace impredecible la dinámica futura.

De todos modos, no dejan de surgir preguntas alrededor de ese orden regional en Urabá. Las alianzas que las AUC habían consolidado como fuerza antisubversiva y restauradora de la seguridad y orden regionales habían sido usualmente con élites económicas y políticas amenazadas por la insurgencia, y con sectores de las fuerzas de seguridad estatal. Esta había sido la forma de consolidar su avance en otras áreas del país, en perjuicio de la influencia y control que grupos guerrilleros habían mantenido por décadas. En el Urabá, sin embargo, las coaliciones incluyeron a Sintrainagro, la organización de trabajadores más importante y consolidada de la región, lo mismo que a Esperanza, Paz y Libertad, antigua organización guerrillera de tendencia maoísta en sus inicios. Esta organización operó como Ejército Popular de Liberación, EPL, desde mediados de los años 60, y se acogió a la propuesta de paz del gobierno en 1991, reinsertándose a la vida legal. En esa configuración política regional actual del Urabá, resultado del conflicto armado que se desarrolla en Colombia, y de la rivalidad política y militar regional entre las mismas fuerzas insurgentes, es que los trabajadores bananeros han logrado los significativos avances mencionados. Cómo considerar esos avances sociales y políticos obtenidos en semejantes circunstancias, mas si han sido el resultado de la negación de derechos políticos, civiles y laborales para otros grupos de trabajadores o pobladores urbanos?

Las condiciones actuales de los asalariados del banano en Colombia contrasta con la del resto de trabajadores de este sector en latinoamérica, los cuales están organizados en sindicatos de base por empresa -cuando existe algún tipo de organización sindical- tienen ingresos salariales relativamente menores, y acceso limitado al poder político institucional. Cuál fue el camino para que los trabajadores bananeros colombianos llegaran a esta situación tan inusual para un grupo que hasta hace veinte años tenía que reunirse clandestinamente, con condiciones de vida lamentables y la misma sindicalización era, si no ilegal, considerada subversiva por las autoridades y empresarios? Cómo pudieron obtener semejantes prerrogativas en medio de un conflicto armado tan encarnizado como el de Urabá durante las dos últimas décadas, y más cuando uno de los sectores más afectados por la violencia política fue precisamente el de los trabajadores bananeros?

Contestar estas preguntas es aún más significativo dados los cambios políticos mencionados en esta región, en los cuales la fuerza electoral mayoritaria a finales de la década del 80 y comienzos del 90 -la Unión Patriótica, UP, coalición de grupos de izquierda y socialdemócratas, incluido el partido comunista prosoviético- fue eliminada del esecenario político como resultado de la violencia en contra de sus militantes y simpatizantes. La UP fue un intento por crear un movimiento político legal con la participación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, resultado de los acuerdos logrados durante las negociaciones de paz entre el gobierno del presidente conservador Belisario Betancur (1982-1986) y las guerrillas en 1983. Por el contrario, el partido liberal, principal rival político de la UP en Urabá, ha recuperado el espacio electoral dejado por la desaparición de aquélla, mayoría que la UP le había arrebatado a finales de los años 80 (CINEP, 1995).

Dos hechos adicionales han hecho más complejo el panorama. Uno, la creciente influencia militar y política que grupos paramilitares contrainsurgentes apoyados por empresarios bananeros, ganaderos, narcotraficantes, y fuerzas de seguridad, agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, han ganado en el eje bananero; y dos, la aparente alianza entre estos grupos paramilitares y la organización política Esperanza, Paz y Libertad, antigua organización guerrillera que se legalizó en 1991 y actuaba bajo el nombre de Ejército Popular de Liberación, EPL, vertiente armada maoista desprendida del antiguo partido comunista. Esta agrupación tenía desde finales de los años 70 una influencia importante dentro de los trabajadores bananeros y campesinos sin tierra de la zona, lo mismo que las FARC (García, 1996). Cómo fue que el EPL terminó aliado con sus antiguos enemigos para enfrentar a las FARC, en lugar de seguir acentuando la alianza que estas dos organizaciones acordaron en 1987? Cómo asumieron los trabajadores bananeros ese "pacto del diablo" entre "los esperanzados" y los paramilitares?

Arriesgar una respuesta a esos interrogantes es revelador sobre las estrategias de "acomodación" de grupos considerados vulnerables frente a situaciones adversas o frente a rivales más poderosos. De forma similar, una interpretación, así sea provisional, dada la inestabilidad de la situación, nos permitirá entender cómo esas identidades y proyectos radicales fueron asimilados en el nuevo orden establecido por paramilitares, empresarios bananeros y partido liberal, con el apoyo de las fuerzas armadas, desde mediados de los años 90, y cómo se han transformado sus utopías y proyectos. Igualmente, un acercamiento a la reciente dinámica sindical permitirá entender el activismo internacional iniciado por este sindicato en los últimos años, y sus respuestas a los cambios en el mercado mundial del banano.

El razonamiento del trabajo sostiene que la "asimilación" de los trabajadores y sus aliados en un arreglo político regional ha tenido un costo para los diferentes sectores que hacen parte de ese acuerdo vigente hoy en Urabá. El trabajo sostiene que los trabajadores y el sector político que finalmente prevaleció dentro de éstos no han sido sólo "victimas" de ese orden en formación, sino también han logrado una posición que les ha otorgado ventajas sociales, políticas y económicas, lo mismo que influencia en el carácter de esa concurrencia de fuerzas. Es decir, estos trabajadores han actuado de acuerdo con una memoria, unas utopías y proyectos propios, modificados por las circunstancias enfrentadas, pero como sujetos y agentes portadores de derechos con capacidad de decisión. Esto fue facilitado por la alianza estratégica con empresarios legales e ilegales, con sectores del estado central como las fuerzas armadas, y con políticos regionales ligados al partido liberal, agrupación tradicionalmente mayoritaria en esta región, pero que estaba perdiendo las mayorías electorales a favor de la UP a finales de los años 80.

De la misma forma, empresarios bananeros han tenido que aceptar la presencia de un sindicato fuerte y con iniciativa propia, los políticos liberales una organización partidista ligada al sindicato, la cual les compite en el plano de las elecciones locales, y las fuerzas de seguridad una organización política conformada por exguerrilleros con poder institucional. Igualmente, al lograr un acuerdo que incluyera a antiguos guerrilleros y a trabajadores, los políticos tradicionales, los empresarios bananeros y el ejército bloquearon una posible trayectoria del conflicto armado en esta región, representada por una alianza entre la fuerza insurreccional aún en armas -las FARC- y los trabajadores bananeros y pobladores urbanos de los barrios pobres del eje. Esta trayectoria de la dinámica política regional hubiera sido aún más riesgosa para los intereses y proyectos de los políticos tradicionales, empresarios y fuerzas armadas. En esa apertura de la coalición de poder regional hacia un nuevo socio, el cual había sido considerado como "ajeno a la nacionalidad" por los sectores privilegiados, fue decisiva la coincidencia de filiación partidista liberal entre el gobierno central y los políticos locales involucrados en el pacto. En ese papel de convencimiento fue también importante la labor de la Consejería de Paz presidencial y sus asesores, los cuales facilitaron los acuerdos.

El argumento del trabajo utiliza dos herramientas analíticas principales. Uno, las interacciones estratégicas entre actores sociales, sus alianzas, conflictos y transformaciones; y dos, las identidades políticas y su interrelación con redes más amplias. Los cambios en la dinámica entre identidades y redes propician transformaciones en aquéllas. Estos dos elementos nos sirven para apreciar las variaciones en estrategias de los actores, resultado de la interacción política, y no a partir de comportamientos atribuidos a priori. En efecto, el enfoque del trabajo no imputa a los individuos o actores colectivos atributos o comportamientos derivados del nivel de desarrollo (moderno/industrial o tradicional/preindustrial) o de la categoría social a la que pertenecen (artesanos, campesinos o esposa de trabajador), sino que tiene en cuenta la localización de los actores en el campo relacional donde están inmersos (Somers, 1993).

Así, la enconada competencia entre fuerzas guerrilleras -EPL y FARC- en la región bananera y la dinámica generada por la decisión del EPL de legalizarse y aprovechar las oportunidades para hacer política pública, luego de negociaciones con el gobierno en 1990-91, en lugar de continuar con una linea conspirativa e insurreccional, llevó a una disputa entre estas dos agrupaciones por el apoyo de los trabajadores, y por la defensa y justificación del camino seguido -insurreccional o legal- por cada organización. Esta pugna degeneró hasta el ataque armado a las bases sociales de uno u otro bando, dejando sólo en 1995 cerca de 300 trabajadores bananeros muertos (Sandoval, 1997). La confrontación entre estos dos sectores también fue aprovechada por paramilitares y fuerzas de seguridad para eliminar a los que consideraban "auxiliadores de la guerrilla", sin importar el bando al que pertenecieran.

La profundización de la pugna llevó a que el EPL, ahora como movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, se acercara a sus antiguos antagonistas -ejército, empresarios bananeros y paramilitares- y confluyeran en una alianza para enfrentar a las FARC y sus simpatizantes armados o desarmados. Para el sector privado, políticos regionales y fuerzas contrainsurgentes, la coalición con los trabajadores neutralizaba las posibilidades de una mayor perturbación del orden local, en caso de una coincidencia de la organización guerrillera aún en armas y los trabajadores bananeros, o de un proceso de paz exitoso que significara la legalización y asociación en un proyecto unitario de las diferentes tendencias de la izquierda insurreccional.

Es por esto que a nivel conceptual el estudio hace énfasis en el carácter cambiante de las identidades políticas tanto de las élites como de los grupos subalternos. En esta perspectiva, las identidades son consideradas como un proceso en desarrollo, un resultado de la acción colectiva, y menos como su causa y sustento (Calhoun, 1991). Es decir, la identidad no es una condición estática y preexistente que ejerce una influencia causal sobre la movilización, sino un resultado de la interacción política (Tilly, 1998). El análisis también explora el papel de la movilización colectiva, la intervención estatal y el conflicto armado en la lucha por darle nuevos sentidos a las nociones recibidas de ciudadanía, representación y participación (Dagnino, 1998; Warren, 1993). Así, las identidades públicas, incluida la ciudadanía, son vistas en este estudio como relaciones sociales que permanecen abiertas permanentemente a nuevas interpretaciones y renegociación (Tilly, 1996).

El trabajo tiene cuatro secciones. La introducción presenta los antecedentes históricos, centrados en la década de los años 80, la competencia entre las guerrillas del EPL y las FARC, y el fortalecimiento sindical durante las negociaciones de paz en este período. El texto sigue con un análisis de la recomposición política regional en la primera parte de los años 90 y la reubicación de los trabajadores bananeros en ese nuevo campo de fuerzas políticas y militares. Y finalmente, el artículo aborda el tema del nuevo internacionalismo laboral de este sector de trabajadores, y las posibles coincidencias entre trabajadores y empresarios para enfrentar las variantes condiciones del mercado mundial. En las conclusiones se recapitula el argumento del trabajo y se enfatiza lo impredecible de la trayectoria histórica seguida por el conflicto armado en la región de Urabá, la relativa incorporación de las trabajadores bananeros al nuevo orden local, y el papel de las alianzas con sectores más poderosos en la inclusión de los trabajadores a un orden social.

Las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores bananeros en la década de los 70 e inicios de los años 80 eran lamentables. "A uno le daban una caja de cartón para que durmiera en la misma empacadora... dormíamos como perros, hablando vulgarmente, pero la realidad era esa. Cuando eso, la jornada era hasta de 18 horas. Nos tocaba a veces desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche, para volver al otro día a empezar labores a las seis de la mañana (García, 1996: 105)." El crecimiento de la producción obligó a la organización de campamentos o tambos en las mismas fincas, aunque las condiciones de vivienda y las posibilidades de vida familiar eran precarias, no había luz, agua potable, ni sanitarios. "Eso era una humillación allá. Yo trabajaba hasta las 10 de la noche; al otro día a las cinco de la mañana tenía uno que madrugar, le tocaban la campana. Es decir, uno no conocía la familia porque trabajaba hasta dos meses sin descansar ni el domingo... Nunca le quedaba a uno tiempo para decir: voy a estar un domingo con mi familia... (García, 1996: 106)." La vida en los campamentos era triste, "hombres solitarios, con sus mujeres y sus familias lejos, y sin ningún tipo de aliciente, perpetuados hasta bien entrados los años ochenta. 'Machosolos', los llamaban (Sandoval, 1997: 180)."

La producción bananera significó la primera relación laboral para la mayoría de los trabajadores y para muchos propietarios, quienes inicialmente llegaron a la región como colonos. Las dos terceras partes de los primeros eran de raza negra y habían sido campesinos, mineros o pescadores. "En la primera fase de la industria -años 60 y 70- los obreros trabajaban hasta 20 horas diarias, no sabían que les tenían que pagar horas extras, no sabían que después de dos meses tenían derecho a indemnización por despido injusto, no sabían siquiera si había despidos justos o injustos, no sabían que un dominical se pagaba distinto a cualquier otro día... la gente tampoco sabía que el derecho a sindicalizarse era un derecho legal... (García, 1996: 105)." Este desconocimiento de los términos legales incluía también a parte importante de los mismos inversionistas y propietarios quienes no conocían el código ni la ley laboral, o los consideraban contrarios a sus intereses o idearios. Así, la relación laboral quedó expuesta desde un principio a la arbitrariedad, a las retaliaciones individuales, y por último, a relaciones de fuerza entre obreros y finqueros.

En este contexto los derechos de organización sindical se convirtieron en un tema de la agenda social y política, pero que no se debatía en público por el monopolio político de los partidos liberal y conservador, resultado del acuerdo bipartidista de 1958 entre estas dos agrupaciones mayoritarias, el cual desarrolló con el tiempo un marcado acento antisindical. A la injusticia social y a la exclusión política, las propuestas de las diferentes agrupaciones marxistas sumaron sus utopías anticapitalistas, las cuales tuvieron asiento en el Urabá desde el inicio de la producción de banano en los años 60. Por su lado, los proyectos insurreccionales de los grupos guerrilleros prometían la redistribución democrática de la propiedad agraria. Esos cuatro elementos conformaron un ambiente social y político conflictivo en esta región, al cual se sumó el autoritarismo de los inversionistas en la zona. En efecto, simpatizantes del partido comunista fundaron el primer sindicato bananero en 1964 (Sintrabanano), entre los trabajadores empleados por la Frutera de Sevilla (United Fruit Company) para promover y adecuar la siembra de banano entre finqueros colombianos. Al enterarse de la existencia del sindicato, la empresa despidió a los obreros, luego logró que las autoridades los encarcelaran, y finalmente sucedió lo mismo con los dirigentes comunistas de la zona. La pauta general era acudir primero a los despidos, y si esto no bastaba, acudir a las autoridades militares o de policía (García, 1996: 112-115).

Las "listas negras" de trabajadores, los despidos preventivos y la promoción del paralelismo sindical conformaron la respuesta patronal en los años 70 a esos intentos organizativos iniciados por los trabajadores en la década anterior. La composición del régimen político nacional tampoco permitía unas autoridades locales que aplicaran la ley y defendieran los derechos, si no que éstos quedaban al arbitrio de las élites locales, en su gran mayoría de filiación liberal en el Urabá. No obstante, la esperanza en el recurso a la legalidad siempre estaba presente. Desde los primeros registros de movilizaciones de trabajadores fue una constante la petición a los poderes centrales por el establecimiento de oficinas de trabajo que resolvieran los conflictos laborales de acuerdo con la ley (García, 1996: 109). Esto sólo sucedió a finales de los años 80 luego de amplios y violentos paros laborales apoyados por los grupos guerrilleros.

La relación movimientos sociales y organizaciones armadas ha sido persistente en Urabá desde finales de los años 70, aunque se conoce poco el carácter de esos nexos y se ha tendido a victimizar a las organizaciones sociales, sin reconocer las oportunidades para avanzar sus agendas que las acciones de los grupos armados les abrieron a los movimientos sociales. Es decir, el uso de la fuerza por la guerrilla no sólo atrajo la esperada invitación a la represión estatal, sino también obtuvo mejoras concretas para los habitantes regionales. En efecto, las guerrillas impusieron a los empresarios la organización sindical y la negociación colectiva en esta región, hecho que fue propiciado por la apertura democrática iniciada por el gobierno conservador de Belisario Betancur en 1982. Las negociaciones directas entre la Presidencia y la guerrilla, sin exigir su rendición previa como reclamaba el anterior gobierno liberal, representaron los primeros pasos de esa apertura.

Ese reconocimiento como actores políticos tuvo consecuencias significativas en las regiones con influencia de los distintos movimientos insurreccionales, como en efecto sucedió en Urabá. La iniciativa presidencial de ofrecerle un espacio de negociación a las guerrillas coincidió con el cambio de estrategia de éstas, que desde inicios de los años 80 estaban buscando mayor presencia en regiones económicas importantes, lo mismo que influir en los sectores de trabajadores vinculados a esa producción de riqueza. En Urabá fue el EPL el que inició en 1980 la superación de la anterior etapa foquista y agrarista, para vincularse al impulso de la organización sindical de los trabajadores bananeros, a las movilizaciones urbanas por vivienda y servicios públicos, y a las invasiones de tierras sin cultivar en pleno eje bananero (García, 1996: 122-123; M. T. Uribe, 1992: 164-214). Sintagro, un sindicato fundado en 1972 por activistas cercanos al partido conservador, pero penetrado por el EPL, fue el principal instrumento del activismo sindical.

En diciembre de 1984, cuatro meses después de la firma de los acuerdos de paz entre el EPL y el gobierno en Medellín, se produce la primera huelga de carácter masivo y coordinado en la historia de Urabá: 1.500 trabajadores de 18 fincas bananeras, que cubrían una extensión de 2.000 hectáreas se declaran en paro indefinido presionando por la negociación de pliegos colectivos. De igual forma, fue la primera vez que el gremio de productores de banano, Augura, iniciara una campaña conjunta ante una acción sindical (García, 1996: 125). Para finalizar el paro, gobierno, empresarios y sindicatos, firmaron un acuerdo tripartita, el primero con estas características en la historia de la región. En éste se decide que el ministerio de Trabajo atenderá las quejas sobre violación a la ley laboral, se establecen los seguros sociales en la zona, de propiedad estatal, para reemplazar el precario servicio médico ofrecido por cada empresario en cada finca, y se garantiza a Sintagro la realización de una asamblea de trabajadores. Las peticiones de los trabajadores llaman la atención por su modestia, en contraste con la desproporción entre los medios usados para obtenerlas, lo cual es revelador de las condiciones de represión laboral y sindical.

En 1985, se pactaron 127 convenciones colectivas que cubrieron 60% del área bananera. La afiliación sindical registró un ascenso inusitado, y llegó a cubrir a casi un 60% del total de los trabajadores -43 % Sintagro y 14 % Sintrabanano (Villarraga y Plazas, 1994: 205). La tregua entre el gobierno y la guerrilla permitió a los sindicatos actuar a la luz pública por primera vez. Las fuerzas armadas tuvieron una actitud tolerante y no se involucraron en los paros o movilizaciones durante los primeros meses. Entonces, "todo el mundo comenzó a brotar... llegaban gentes de las fincas a decirnos que allí tenían tantos... y a los futuros líderes los fuimos conociendo así. Ya no fue como al principio que teníamos que ir a las fincas de noche, a convencer al compañero. No! Ya empezó la gente a ir a la sede sindical a decirnos vea, vaya a tal finca que tengo reunidos a tantos trabajadores", indica Mario Agudelo, dirigente político del EPL (García, 1996: 126-127).

Si bien las negociaciones de paz le dieron un espacio a las guerrillas, también fueron una oportunidad para que diversos sectores sociales plantearan públicamente sus demandas y se movilizaran por sus derechos, y los únicos aliados en esta empresa fueron las organizaciones insurrecionales. Este fue el caso de los trabajadores bananeros. Su desarrollo organizativo encontró un apoyo en las políticas de democratización de la presidencia, las cuales dieron herramientas políticas para neutralizar por algún tiempo a las élites locales y a las fuerzas de seguridad, abriendo posibilidades para la ampliación del elitista orden local (Ortiz, 1999).

Sin embargo, con el cambio de gobierno del conservador Betancur al liberal Virgilio Barco (1986-1990), y el endurecimiento de la posición presidencial, las negociaciones de paz se congelaron, y la situación en Urabá se polarizó aún más. Luego de una encarnizada competencia por el apoyo de los trabajadores, Sintagro y Sintrabanano acordaron la unidad de acción, e igual sucedió con las FARC y el EPL, quienes actuaban ahora bajo el nombre de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolivar, en asocio con otros grupos armados. "1986 transcurre entre amenazas y asesinatos, incendio a empacadoras, destrucción de cables-vías, pliegos de peticiones, paros en fincas bananeras reivindicando cuestiones laborales, paros en 120 fincas por 'protección a la vida o en otras 130 como protesta por el asesinato de un lider sindical', suspensión de embarques y 'operaciones tortuga' para presionar por los salarios no pagados durante los días de paros o sabotajes (Ortiz, 1999: 134-135)." Una situación nada envidiable desde el punto de vista empresarial.

Con todo, 1987 fue un año significativo en relación con la modernización de las relaciones laborales en Urabá. La creación de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en 1986, en la que confluyeron conservadores, liberales, comunistas y otras tendencias de la izquierda, después de más de 40 años de división, contribuyó a ese avance. Sintrabanano y Sintagro presentaron una propuesta conjunta de negociación de más de 200 convenciones pertenecientes a igual número de fincas, que consistía en un pliego único para el sector, poniendo sobre la mesa el reconocimiento de hecho de una negociación por rama industrial, situación nunca vista hasta ese momento en el sector privado colombiano (Villarraga y Plazas, 1994: 205). Los empresarios, a través de Augura, también se presentaron unificados a la negociación, y aceptaron la negociación colectiva, pero complementada con negociaciones particulares por finca, de acuerdo con la productividad del trabajo en cada una, para "establecer una relación de causalidad entre los resultados del trabajo y su retribución (García, 1996: 136)."

La presencia de los delegados del ministerio del Trabajo y de la CUT, revivieron la comisión tripartita, y los resultados fueron un avance importante en el reconocimiento de derechos de los trabajadores: aceptación de los sindicatos como interlocutor legal y legítimo frente a los empresarios y el gobierno; estabilidad laboral, jornada de ocho horas de trabajo, fueros sindicales, mejoras salariales y el inicio del desmonte del sistema de campamentos en las fincas y financiación de vivienda urbana. Este último hecho, el del traslado de la vivienda de los trabajadores fuera de las fincas hacia los casos urbanos, fue clave para los futuros cambios de estrategia y objetivos del EPL en los años 90, ahora como Esperanza, Paz y Libertad. El cambio tendió a estabilizar familias, a ampliar las preocupaciones de los trabajadores e incluir los servicios públicos, educación, salud y recreación, con lo cual involucraron directamente al estado -bien sea a nivel nacional, departamental o municipal-, y sin limitarse únicamente a las demandas laborales frente al sector empresarial.

A pesar de los acercamientos descritos, los asesinatos de líderes sindicales y negociadores no cesaron en 1987. Desde el inicio de las negociaciones en la primera semana de febrero hasta la firma del primer acuerdo en abril, 24 directivos fueron muertos por sicarios, y la sede de Sintagro destruida con una bomba por segunda vez. Para septiembre, el número de sindicalistas asesinados sumaban 40, y el eje de la discusión de los trabajadores con el gobierno y los empresarios de desplazó al tema de los derechos humanos y a la responsabilidad estatal en estos hechos de violencia (García, 1996: 136-137). Mientras a nivel nacional se polarizaban las posiciones entre la guerrilla y el gobierno, en Urabá, los llamados a la "insurreción parcial" o a un "levantamiento popular", hechos por las direcciones nacionales de la guerrilla no fueron bien recibidas por sectores de los militantes y activistas regionales, quienes querían consolidar los logros obtenidos desde 1984, lo mismo que contribuir a un clima de garantías políticas que permitiera el respeto a la vida, la búsqueda del bienestar social y propiciar el desarrollo regional (Villarraga y Plazas, 1994: 205-206).

Las consecuencias de la participación sindical en los intentos insurreccionales fue la suspensión de la licencia legal para actuar en nombre de sus afiliados y el incremento de la militarización de la región, a través de la creación de la jefatura militar de Urabá, establecida en 1987, en la cual el comandante militar reunía no sólo poderes militares, sino también políticos y civiles (Botero 1990: 180-189; M. T. Uribe 1992: 251-256). A pesar de esto, los dirigentes sindicales idearon un recursivo mecanismo legal para recuperar la personería jurídica y poder representar a los trabajadores en la renegociación de cerca de 300 convenciones colectivas en igual número de fincas en 1989. Fusionaron Sintragro y Sintrabanano en una nueva entidad sindical llamada Sintrainagro, siguiendo el ejemplo de la CUT a nivel nacional, lo cual también formalizaba la alianza de los viejos antagonistas regionales representados por las dos grandes líneas del comunismo internacional: la soviética y la china-albanesa (Ramírez, 1997: 97).

El resultado de las nuevas negociaciones consolidó el papel sindical y la negociación colectiva para el sector quedó establecida. Sin embargo, esto no fue fácil y no significó la ausencia de movilización, aunque si un cambio en el uso de la presión armada, y con ésto, de los objetivos insurreccionales. Mario Agudelo, uno de los dirigentes políticos del EPL señala que "cuando se presentó la huelga de 1989, vimos que combinar la acción guerrillera con el conflicto social no era lo mejor. Entonces trabajamos al revés, buscamos darle plena identidad al conflicto en sí mismo y espacio al movimiento social. El interés nuestro era impedir que otros factores externos como lo de la acción guerrillera, se vincularan al movimiento. Pensamos que era lo más conveniente porque evitaba tensiones; era evitar agregar nuevos enemigos o nuevos factores en contra del movimiento... (Villarraga y Plazas, 1994: 389-390."

Ante la negociación sindical del segundo semestre de 1989, la dirigencia del nuevo Sintrainagro quería distensionar la región, sobre la cual el estado, empresarios bananeros y élites locales habían dirigido una represión feroz para responder a los desafíos de la guerrilla, de los trabajadores y de los invasores de tierras urbanas y rurales. "Tratamos de darle un manejo diferente al conflicto y logramos llevar a que ciertas autoridades empezaran a presionar a Augura para que transcurriera una negociación... sabíamos que había un objetivo claro de Augura que era el de resistir al sindicato, de golpearlo y de arrebatar una serie de reivindicaciones... la experiencia nos fue enseñando a cambiar la visión; la de distensionar, la de abrir espacios de concertación y la de dar un diálogo; de iniciar un diálogo y la posibilidad de una tregua unilateral... (Villarraga y Plazas, 1994: 389-390)."

Las posibilidades de una crisis regional surgida por el retiro del capital empresarial de la zona, como en efecto estaba ocurriendo, y su traslado a centroamérica y otras regiones del país, causó un impacto apreciable en la dirección regional del EPL y de los trabajadores. Mario Agudelo indica que "vimos el peligro real de desaparición de la zona bananera, el debilitamiento del potencial de obreros y el ajuste de cuentas contra nosotros, si eso se daba (Villarraga y Plazas, 1994: 389-390). A la búsqueda de una concertación con autoridades y empresarios, a la eliminación de la presión armada para la negociación laboral, se sumó una propuesta de "salvación de la región y la defensa de la producción bananera". Esto significaba un gran cambio porque implicaba una causa común con los empresarios e inversionistas, archienemigos de los trabajadores, de acuerdo con el esquema revolucionario del EPL.

Mario Agudelo señala que "planteamos la posibilidad de aliarnos con empresarios bananeros, alrededor de las consignas sobre problemas de desarrollo económico, problemas de tipo social y frente a los derechos humanos... Fue una decisión nuestra. No estuvo precedida de una decisión de la dirección nacional... (Villarraga y Plazas, 1994: 391)." Esta dinámica descrita en el cambio de estrategias y de objetivos de los revolucionarios del EPL en Urabá, aclara muchos de los interrogantes sobre la futura desmovilización de este grupo guerrillero y de la forma como con los trabajadores bananeros participaron en la recomposición política regional ocurrida en los años 90 en Urabá. Un punto que vale la pena resaltar es la diferencia en el tipo de inserción entre el EPL y las FARC en la región. Mientras que el primero, a pesar de ser una organización con cubrimiento nacional, tenía su principal frente y su estado mayor en el Urabá y regiones aledañas; la segunda, por el contrario, tenía presencia en la región con el V frente, pero su estado mayor y fuerzas más importantes estaban localizadas en el sur del país (Ortiz, 1999). A la hora de decisiones substanciales, para el EPL era definitivo el sentimiento y opinión de la población local, mientras que para el frente de las FARC pesaban más las determinaciones del estado mayor nacional, ubicado fuera de la región, que las opiniones de los diferentes sectores sociales regionales. Esta diferencia resultó ser definitiva en los diferentes caminos seguidos por cada organización insurgente.

La desmovilización del EPL en Urabá en marzo de 1991, su reinserción a la vida civil como movimiento Esperanza, Paz y Libertad, y el papel de los trabajadores bananeros en este proceso fue objeto de una sangrienta confrontación con las FARC, el otro grupo insurgente con influencia y presencia en la región. La dinámica política desatada por la legalización del antiguo grupo insurgente y la reacción que despertó en su rival en el campo insurreccional, y en los competidores políticos en el campo legal, se volvió aún más compleja por la creciente influencia de grupos paramilitares contrainsurgentes a lo largo de la década de los 90 en la región, y la "guerra sucia" que la acompañó. Si bien las mortíferas consecuencias de ese enfrentamiento están bien documentadas (CINEP, 1995; Comisión Andina de Juristas, 1994; Defensoría del Pueblo, 1992; Fundación Progresar, 1996), lo mismo que algunas reflexiones sobre los primeros años de la reinserción (Uribe, 1994), es poco lo que se conoce acerca de los análisis de los "esperanzados" sobre la forma y resultados de esa reincorporación a la vida civil, su explicación de los relativos éxitos electorales de este grupo en las elecciones locales de octubre de 2000, o sobre los efectos de esas alianzas en la práctica sindical de los trabajadores bananeros.

Una de las primeras dudas o preguntas que surgen es el de la relación con los aparatos armados, en especial con el ejército constitucional y los grupos paramilitares. Sobre el primero, Mario Agudelo, uno de los estrategas de la reinserción de los "esperanzados", indica que la desmovilización les abrió el escenario político "para la lucha democrática y la búsqueda de la justicia social", pero esto implicó aceptar la institucionalidad del país, y con ésto, su ejército y el monopolio de las armas por el estado. Por eso, ante las agresiones presumiblemente de las FARC en contra de los dirigentes, activistas y trabajadores simpatizantes del EPL, "lo primero que se hizo fue buscar un acercamiento con el ejército y diseñar un esquema de seguridad para la población, en particular para las comunidades con influencia del EPL, y para esto propusimos crear puestos militares en las comunidades de alto riesgo".

La queja más generalizada entre los guerrilleros reinsertados era que "las masacres eran anunciadas y la fuerza pública no prestaba atención a las advertencias". Según Agudelo, esto sucedió en las masacres de las fincas Bajo del Oso, Osaka, y Las Cunas en 1995, en donde desconocidos asesinaron a cerca de 50 trabajadores simpatizantes de Esperanza, Paz y Libertad. Esta última, ubicada a 10 kilómetros de una base militar en el municipio de Carepa. Para Agudelo, a la fuerza pública "le interesaba más cuidar las vías, en especial la de Medellín, que a la misma población". Con la llegada del general Rito Alejo del Río como comandante de la brigada del ejército en Urabá, en 1995, "la relación entre las comunidades y el ejército se fortaleció", indica Agudelo, "y ésta se volvió más espontánea, mientras que era más compleja con el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), Mindefensa, el programa de Reinserción o el Mingobierno". La razón de ese acercamiento entre los "esperanzados" y el ejército fue favorecida por la decisión del general Rito Alejo del Río de protejer de los ataques de otros grupos armados las áreas en donde habitaban los exguerrilleros.

Sobre los paramilitares, Agudelo indica que "cuando ellos le plantearon a los empresarios la propuesta de pacto en 1988-1989, no había paramilitares en la región, y el contexto de la propuesta era la consolidación de la paz, y no el conflicto armado, como ocurre ahora". Además, Agudelo argumenta que la propuesta de concertación que ellos hicieron llevaba implícito el que los conflictos laborales se definían en la mesa de negociación entre empresarios y trabajadores, sin interferencia de los actores armados. "El pacto social con los empresarios significó que el tema laboral salió de las manos de la guerrilla, del ejército o de los paramilitares, porque ya no había necesidad de recurrir a ellos, lo que demuestra que la construcción de espacios democráticos, de concertación, contribuye a la reconstrucción de la institucionalidad del país. Además, cuando firmamos el pacto social con Augura en 1991, no habían autodefensas en Urabá".

Si bien es claro que una propuesta de concertación de los trabajadores a los empresarios no significa un acuerdo formal con los paramilitares, es bueno recordar que el general del Río fue retirado de la comandancia de la brigada del ejército en Urabá en 1998, y dado de baja en 1999, por sospechas de ser tolerante frente a los grupos paramilitares. Igualmente, Guillermo Rivera, presidente de Sintrainagro, fue uno de los oradores en el acto de desagravio al general del Río organizado por Augura y Fuerza Colombia. Esta última es una organización política del antiguo comandante del ejército, general Harold Bedoya, obligado a renunciar por el Presidente Samper en 1997, luego de críticas públicas a las políticas de paz de su gobierno. El evento fue realizado en el Hotel Tequendama de Bogotá en mayo de 1999, uno de los más prestigiosos y antiguos de la capital, y convocado bajo el lema Por la Colombia que no se Rinde, para dar a entender que las negociaciones de paz con la guerrilla eran una claudicación ante ésta.

Con todo, hay que resaltar lo difícil de los acuerdos con aparatos armados. Agudelo sostiene que cuando los paramilitares llegaron a la zona bananera alrededor de 1997, también quisieron convertirse en arbitros de las relaciones laborales, como antes habían sido las guerrillas. "Nosotros nos opusimos, y los empresarios también, logrando que respetaran los acuerdos para errradicar la presión armada de las disputas laborales". Igualmente, en la negociación colectiva del primer semestre del 2000, hubo amenazas de huelga de los trabajadores, quienes fueron acusados de pretender alterar la paz de la región. A esto, Sintrainagro respondió que no se podía hablar de democracia en Urabá, si el derecho a la huelga estaba prohibido. Finalmente, la negociación llegó a un consenso y no hubo necesidad de hacer una prueba de fuerzas, pero la tensión puso en evidencia las posibles fisuras de la alianza. Si bien la violencia en contra de los dirigentes sindicales ha disminuido radicalmente en Urabá, no ha sucedido lo mismo en el departamento del Magdalena, la otra zona productora de banano en Colombia. En enero de 2001, fue asesinado el presidente de la filial de Sintrainagro en este departamento. Con este caso suman 20 los dirigentes asesinados en esta filial desde su creación en 1991. En esta región ser sindicalista todavía significa tener la muerte cerca.

Sin embargo, para los "esperanzados" y los dirigentes sindicales lo más significativo ha sido "el cambio de concepción en todos los fenómenos". Para los sindicalistas, el modelo de antes era insurreccional, polarizaba, y conducía a la violencia entre trabajadores y empresarios, y entre aquéllos y administradores. Guillermo Rivera, presidente de Sintrainagro, dice que "esa cultura de rebeldía, de anarquía, llevaba a no cumplir el reglamento, a cobrar sin trabajar, actitudes que ganaron espacio dentro de los trabajadores". En este contexto, el referente social de los trabajadores era la guerrilla, porque no había un sentido de futuro, y sin éste, no podía haber sentido de pertenencia social ni institucional, explica Agudelo.

Además, "el trabajador era reducido al salario, a la estabilidad, sin tener en cuenta toda su dimensión humana, es decir, su vivienda, su familia, su región". Con el pacto social se acordó un fondo de seguridad social y en 1993 los seguros sociales, institución del estado, hizo presencia en Urabá. Esto acabó con el servicio médico ofrecido por las fincas, y con los conflictos sobre desacuerdos en diagnósticos y el otorgamiento de incapacidades y medicamentos. De igual forma, para la financiación de la vivienda urbana y la eliminación de los campamentos en las fincas se acordó una cuota empresarial por caja exportada, con lo que "se le devolvió la dignidad al trabajador, y en especial a su familia; y se ayudó a que los trabajadores se sintieran con derechos como personas, como individuos, y no sólo como un factor de producción". En opinión de Agudelo "lo que estamos construyendo es otro referente, uno más cercano a la ciudadanía. La verdadera revolución en Urabá es la construcción de ciudadanía. Pasamos de ser súbditos a empezar a sentirnos ciudadanos ".

Los trabajadores bananeros no han estado solos en ese propósito de mejorar sus condiciones de vida -o de convertirse en ciudadanos, como expresan sus dirigentes- en ese contexto tan desfavorable para la mobilización colectiva. Han contado con una extraordinaria solidaridad internacional de sindicatos daneses, finlandeses y españoles, además de la asesoría de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, UITA, con sede en Ginebra, Suiza, la cual está buscando agrupar a los trabajadores agroindustriales, de plantaciones y de la industria de alimentos en una federación internacional. En concreto, la Federación de Trabajadores Daneses, en asocio con el gobierno de ese país, reanudó la financiación de un programa de formación de líderes sindicales por seis años más, luego de un período inicial de tres años que culminó en el año 2000. Algo similar está haciendo el Centro de Solidaridad Sindical de Finlandia, a través de la Escuela Nacional Sindical-Antioquia. La educación es una de las más destacadas prerrogativas logradas por Sintrainagro en la última década. Mensualmente tienen entre 40 y 50 permisos sindicales por dos días y con todos los gastos pagos, para cursos de capacitación laboral. Por su lado, la Unión Sindical Española está financiando parte de la construcción de un colegio de 450 cupos en el barrio La Chinita, en Apartadó, para hijos de trabajadores y pobladores de este barrio. Esto es lo que algunas corrientes europeas denominan "sindicalismo social". Tradicionalmente las organizaciones sindicales han estado de espaldas a los problemas de las comunidades en donde viven, si éstos no tienen que ver directamente con la problemática laboral. "Lo que se está impulsando es que los sindicatos vayan más allá de los problemas laborales y enfrenten las necesidades de la sociedad", dice Guillermo Rivera.

En concreto, se ha fomentado que los líderes obreros también sean líderes políticos. Es así que los candidatos asociados con Sintrainagro o con Esperanza, Paz y Libertad, ganaron dos de las cuatro alcaldías de la zona bananera en las elecciones de octubre de 2000, y en Apartadó obtuvieron cinco de los doce asientos del concejo municipal. Igualmente, la actividad internacional tampoco ha sido ajena a los curtidos dirigentes de Sintrainagro. Estos han llevado el liderazgo en la organización de una coordinadora de sindicatos de trabajadores bananeros de América Latina. La primera reunión fue realizada en Costa Rica en 1993, en donde participaron trabajadores del país anfitrión, de Colombia y de Honduras. Un año después, estos países constituyeron en Guatemala la coordinadora con la participación adicional de sindicatos de Nicaragua, Guatemala, Panamá, Ecuador y Belice. Los objetivos que se han trazado son los de respeto a los derechos humanos, al derecho laboral, y a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. La experiencia de los sindicatos es que cuando se presentan crisis en la industria bananera -generalmente saturación de los mercados-, los empresarios nacionales tienden a violar las convenciones, como resultado de los bajos precios pagados por las comercializadoras internacionales.

Este es el riesgo de la abolición del sistema de cuotas por parte de la Comunidad Europea, y de la implantación del sistema llamado "primer llegado, primer atendido", que en la práctica favorece a países como Ecuador, en donde las libertades sindicales son nulas en la práctica, y por esta razón tiene costos laborales menores: un trabajador gana entre 2 y 3 dólares promedio diario en este país, mientras que en Colombia o Costa Rica un trabajador gana 5 dólares. Hasta el momento Ecuador ha sido el único país latinoamericano en aceptar las nuevas reglas del juego de la Comunidad Europea, las cuales eliminan las cuotas por países y liberan el precio por caja de banano al juego de la oferta y demanda.

Las conversaciones iniciales entre la coordinadora de sindicatos bananeros y las tres mayores comercializadoras de banano -Chiquita, Delmonte y Dole- han buscado lograr acuerdos para que éstas demanden el respeto de los derechos laborales y sindicales a los países vendedores. En concreto se firmó un convenio con Chiquita para acabar con la persecución sindical en Panamá, y se está negociando otro para estimular la sindicalización y la negociación colectiva en Ecuador. Aquí hay una dificultad adicional para la puesta en práctica de los acuerdos de la OIT, porque en este país el estado es propietario de plantaciones bananeras, y coincide con los empresarios privados en el interés por no aplicar esos tratados internacionales. Si se mira regionalmente el tema de los derechos laborales y sindicales, hay interés entre los empresarios de los países con legislaciones más avanzadas -Colombia y Costa Rica- para uniformizar esa legislación, de tal forma que todos los países productores tengan una estructura de costos laborales similar, y no haya ventajas comparativas en este aspecto para los países con sindicalización débil. Esto podría explicar el apoyo de los empresarios colombianos al internacionalismo laboral promovido por Sintrainagro.

Finalmente, los sindicatos bananeros planean ampliar su radio de acción a la producción de caña de azúcar y palma africana, y con el apoyo de la OIT y la UITA, iniciar un proceso similar al del banano, aunque esta propuesta aún está por desarrollarse. Hasta la fecha, lo común de las organizaciones sindicales dentro de los países exportadores de productos o materias primas agrícolas latinoamericanos ha sido los sindicatos de base. Estos son pequeños, dispersos y débiles, y a lo que se quiere llegar es a los sindicatos de industria, dice Guillermo Rivera. En este punto, "los trabajadores bananeros colombianos somos los más avanzados, y hemos pagado un precio muy alto por esto", concluye el presidente de Sintrainagro.

Esas alianzas internacionales entre Sintrainagro y sindicatos progresistas europeos, lo mismo que el activismo laboral de Sintrainagro más allá de las fronteras regionales del Urabá, parecerían contradecir las evidentes limitaciones de las agendas públicas locales, asociadas con objetivos que priorizan la seguridad y el orden, contexto en el cual este sindicato tiene que operar. Cómo entender ese aparente contraste? Conociendo las capacidades estratégicas de los dirigentes de Sintrainagro y sus aliados, no se puede descartar que ese activismo internacional haya sido utilizado para contrarrestar el relativo aislamiento de Sintrainagro en el escenario sindical nacional, y para construir aliados y soportes frente a eventuales cambios en la dinámica política nacional, como efecto del proceso de paz entre el gobierno y las FARC. De la misma forma, esos vínculos internacionales le podrían dar a Sintrainagro autonomía e independencia frente a esos poderes dominantes locales. Por otro lado, la solidaridad internacional ha decidido apostarle a los trabajadores de Urabá. Reportes evaluatorios de la solidaridad finlandesa indican que estas organizaciones están advertidas de la situación y de los riesgos políticos (Teivainen, 2000). La violencia a la que han sido sometidos estos trabajadores, su historial de lucha y su proyecto de abandonar las estrategias insurreccionales armadas, en favor de uno más conciliatorio, han conseguido apoyos, aunque con un ojo vigilante sobre la evolución de sus alianzas locales.

El presente trabajo ha querido plantear una perspectiva más compleja de una realidad regional que ha tendido a ser descalificada y mostrada en blanco y negro. El que una fuerza paramilitar contrainsurgente como las AUC haya ganado preponderancia política y militar en la región de Urabá, no debe inhibir el análisis de las formas de integración o "acomodación" de los diferentes sectores sociales a esas nuevas realidades. El argumento del trabajo quiere rescatar la agencia histórica de grupos como los trabajadores bananeros y sectores como el de los "esperanzados", quienes no han sido sólo "victimas" de un proceso histórico o de una fuerza más poderosa, sino también forjadores y beneficiarios de un orden social que aún está en transformación. Lo interesante es analizar cómo esos proyectos e identidades radicales se han integrado con grupos o sectores a los cuales consideraban totalmente antagónicos apenas hace doce años, y la dinámica que llevó a esa coincidencia.

Esto nos lleva a reflexionar sobre la imposibilidad de atribuir comportamientos a grupos específicos, de acuerdo con clasificaciones previas, sin analizar los contextos relacionales en los que esos grupos están actuando. Esto es claro en el caso de los trabajadores bananeros de Urabá, quienes en una década pasaron de ser considerados como los habitantes de la "esquina roja" de la América Latina y la vanguardia insurreccional colombiana, a ser parte de un proyecto de restauración de "la ley y el orden" regional de corte autoritario. Lo más probable es que antes no eran tan revolucionarios, como las autoridades los acusaban, ni hoy tan reaccionarios, como sus antagonistas les reprochan, sino más bien se han tenido que mover de acuerdo con los cambios en los contextos relacionales en los que han tenido que actuar.

No deja de ser sorprendente el que los revolucionarios de hace una década hayan optado hoy por la ciudadanía, y esa sea la forma de narrativizar su experiencia actual. El respeto a la legalidad y solidaridad, asociados con este concepto, no pueden desligarse de la violencia y muerte a las cuales han sido sometidos los habitantes de una región como la de Urabá los últimos 25 años. Además, hay que recordar también la lucha democrática a la que hace referencia la ciudadanía y en la cual parecen estar empeñados los trabajadores de Urabá. Su relativo éxito electoral reciente así lo demuestra. Qué tan emancipatoria sea la participación de los trabajadores bananeros y sus aliados en este tipo de proyectos está por verse, lo mismo que el tipo de gestión que lleven a cabo los nuevos alcaldes y concejales elegidos con su apoyo. Por lo pronto, ser parte de esa coalición ha permitido a los trabajadores escalar posiciones que hasta hace una década les estaban vedadas, a riesgo de exponerse a la muerte.

La posibilidad de que este grupo de trabajadores, activistas y políticos radicales termine siendo cooptado por la coalición de poder en Urabá es alto, sin embargo, hay que tener presente que este mismo grupo humano ha protagonizado una de las más notables movilizaciones por derechos y reconocimiento de las últimas décadas en Colombia, y su trayectoria no se puede descalificar con un plumazo. Si bien es cierto que en un contexto de conflicto armado como el de Urabá, las ganancias del EPL representaron la negación de derechos, y aún de la vida, para la UP y grupos cercanos a ella, no hay que olvidar que el frente de las FARC que opera en Urabá ha querido someter a sangre y fuego esta región, exponiéndola al juego estratégico de directrices nacionales pensadas por fuera de sus necesidades, mientras que el EPL ha estado más cerca de las expectativas de sus pobladores. Conviene recordar que en un contexto de guerra, iniciativas que se pueden presentar como liberadoras, también pueden convertirse en formas de opresión y negación. Con esto no se quiere avalar, ni mucho menos, el proyecto político en marcha en el Urabá, sino llamar la atención sobre la descalificación fácil a la que ha sido sometida una experiencia de emancipación social en un ambiente en donde han sido más los enemigos que los amigos.

El trabajo ha mostrado los dilemas enfrentados por activistas laborales y políticos en sus luchas por emancipación en un entorno autoritario y violento. Lo primero que hay que resaltar es la pérdida del monopolio de los medios de coerción por el estado colombiano, y el consiguiente colapso del estado de derecho. En estas circunstancias la lógica de la protección se impone, y los alineamientos son obligados so pena de exponerse a retaliaciones. La trayectoria seguida por el conflicto regional no fue inevitable en Urabá, y pudo haber seguido otro camino. Sin embargo, el contexto nacional de fracaso de las negociaciones de paz con el grupo guerrillero más fuerte, las FARC, la rivalidad política y militar regional entre éstas y el EPL, y el carácter más regional de este último frente al más nacional del de las FARC, confluyeron para delinear una trayectoria de las alianzas que por desgracia ha prolongado la guerra.

Algo que sí representa una verdadera novedad, al menos para el sindicalismo colombiano, es el del nuevo internacionalismo laboral en el sector bananero, y el protagonismo de los trabajadores del Urabá. Si bien esta es una actividad reciente, también representa una respuesta a las nuevas formas de funcionamiento de los emporios comerciales de la fruta, lo mismo que un resultado de la asesoría y coordinación con organizaciones internacionales para impulsar la aplicación de normas mínimas de la legislación laboral en los niveles nacionales, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Aunque los resultados de este nuevo tipo de colaboración también están por verse, es muy posible que llevarán beneficios para los trabajadores de los países con menor desarrollo de la legislación laboral y sindical. Sin embargo, como la prolongada, conflictiva y sangrienta movilización de Sintrainagro lo demuestra, esas ganancias no llegarán por sí solas.

Botero, F. (1990), Urabá. Colonización, violencia y crisis del estado, Medellín: Universidad de Antioquia.

Calhoun, C. (1991), «The problem of identity in collective action», en Joan Huber (ed.) Macro-micro linkages in sociology. London: Sage Publications.

CINEP (1995), Urabá, Colección Papeles de Paz.

Comisión Andina de Juristas (1994), Urabá.

Dagnino, E. (1998), «Culture, citizenship, and democracy: changing discourses and practices of the Latin American left», en Alvarez, S., E. Dagnino y A. Escobar (eds.) Culture of politics/politics of cultures. Re-visioning Latin American social movements. Boulder: Westview Press.

Defensoría del Pueblo 1992), Estudio de caso de homicidio de miembros de la Unión Patriótica y Esperanza, Paz y Libertad, Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez Ltda.

«Educación y Paz», El Tiempo, agosto 16 de 2000.

Fundación Progresar (1996), Recuperar el proceso de paz en Urabá. Informe sobre derechos humanos en Urabá con relación al proceso de paz del EPL.

García, C. I. (1996), Urabá. Región, actores y conflicto, 1960-1990, Medellín: INER-CEREC.

Ortíz, C. M. (1999), Urabá: tras las huellas de los inmigrantes. 1955-1990, Bogotá: ICFES.

Pécaut, D. (2000), «The loss of rights, the meaning of experience, and social connection: a consideration of the internally displaced in Colombia», International Journal of Politics, Culture, and Society, 14 (1).

Ramírez, W. (1997), Urabá. Los inciertos confines de una crisis, Bogotá: Planeta.

Sandoval, M. (1997), Gloria Cuartas. Por qué no tiene miedo, Bogotá: Planeta.

Somers, M. (1993), «Citizenship and the Place of the Public Sphere: Law, Community, and Political Culture in the Transition to Democracy», American Sociological Review 58 (2).

Teivainen, T. (2000), Reporte evaluatorio de la actividad educativa de Sintrainagro, Helsinki: SASK (Centro de Solidaridad Sindical de Finlandia), manuscrito.

Tilly, C. (1998a), «Political identities», en M. Hanagan, L. P. Moch y W. Te Brake (eds.) Challenging authority. The historial study of contentious politics, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Tilly, C (1996), «Citizenship, Identity, and Social History», en Citizenship, Identity, and Social History, editado por C. Tilly, International Review of Social History Supplement 3, Cambridge: Cambridge University Press.

Tilly, C (1995), «Democracy is a lake», en The social construction of democracy, 1870-1990, editado por G. R. Andrews y H. Chapman, New York: New York University Press.

Uribe, M. T. (1992), Urabá: región o territorio? Un análisis en el contexto de la política, la historia y la etnicidad, CORPOURABA-INER.

Uribe, M. V. (1994), Ni canto de gloria, ni canto fúnebre. El regreso del EPL a la vida civil, Bogotá: Cinep.

Villarraga, A. y N. Plazas (1994), Para reconstruir los sueños (una historia del EPL), Bogotá: Fundación Progresar-Fundación Cultura Democrática.

Warren, K. (1993), «Introducction», en The violence within. Cultural and political opposition in divided nations, editado por K.B. Warren, Boulder: Westview Press.

Mario Agudelo, antiguo comandante del EPL en la zona bananera, dirigente político de Esperanza, Paz y Libertad, y alcalde electo de Apartado (2001-2004); Medellín, julio 12 de 2000.

María de Agudelo, antigua militante del partido comunista (m-l) y esposa de Mario Agudelo; Medellín, julio 12 de 2000.

Gloria Cuartas, alcaldesa de Apartadó (1995-1998), elegida por una coalición de doce agrupaciones políticas; Bogotá, octubre 26 de 2000.

Antonio Madarriaga, presidente del consejo directivo de la ENS-Antioquia y asesor de Sintrainagro; Medellín, julio 11 de 2000.

Norberto Ríos, director de la Escuela Nacional Sindical-Antioquia, ENS-Antioquia; organización que coordina el trabajo de educación de Sintrainagro; Medellín, julio 12 y noviembre 8 de 2000.

Guillermo Rivera, presidente de Sintrainagro; Medellín, octubre 12 de 2000.

Héctor Vásquez, encargado de convenciones colectivas, ENS-Antioquia, Medellín, noviembre 8 de 2000.