Arturo Escobar, Mauricio Pardo

(texto não editado)

Introducción

Las selvas tropicales son escenarios de nuevos ímpetus por parte de viejas y recientes formas de la penetración capitalista. A empresas extractivas, agroindustriales, proyectos de infraestructura vial, energética o portuaria se suman ahora las entidades multilaterales de los recursos naturales y las multinacionales de la biotecnología buscando reglamentar o encontrar usos rentables de las especies vivientes. En distintas partes del mundo grupos de pobladores locales de los bosques tropicales se organizan frente a estas avanzadas de poderosos agentes políticos y económicos.

En la región selvática del Pacífico colombiano este tipo de hechos se expresan intensamente. Organizaciones de negros e indígenas han estado luchando contra el gobierno para lograr el reconocimiento legal de sus tierras y sus autoridades, contra compañías madereras, mineras, palmicultoras, contra proyectos gubernamentales de construcción de carreteras, hidroeléctricas, puertos y más recientemente participan en discusiones en contra de la expedición de patentes y comercialización de especies usadas tradicionalmente o contenidas en sus territorios. El control de sus territorios constituye el centro de sus luchas que incluyen respeto por sus particularidades culturales, autonomía para decidir su futuro y protección de su conocimiento tradicional.

Para desarrollar sus luchas, las organizaciones de pobladores selváticos recurren a redes de aliados en el nivel local, nacional e internacional. Así, los movimientos negros e indígenas han planteado políticas culturales y ecológicas que articulan distintos aspectos de su estrategia de búsqueda de bienestar para las poblaciones a través del uso constructivo de los recursos naturales. Estos movimientos participan en circuitos de grupos con similares intereses -- organizaciones étnicas, grupos internacionales, ONGs locales y sectores académicos - para vocear sus reclamos y posiciones en escenarios nacionales y globales. Las acciones de estos movimientos sociales acerca de la biodiversidad y los derechos de su conocimiento tradicional forman parte de su visión más amplia sobre la sociedad y la naturaleza y constituyen políticas culturales que se oponen a las visiones dominantes generadas por los agentes del capital.

Las luchas de estos movimientos trascienden un marco reformista y tienen características emancipatorias pues están presionando por el reconocimiento de sus derechos, están construyendo formas de autoridad internas alternativas al poder del estado y el capital y están impulsando sistemas de conocimiento alternativo. La extensión de la guerra interna colombiana al Pacífico ataca los logros de los moviementos étnicos y amenaza su futuro.

En este artículo se analizan estos hechos presentando los debates contemporáneos sobre la biodiversidad, surgimiento y dinámicas de los movimientos étnicos en el Pacífico y las posiciones de estos movimientos sobre la naturaleza y la biodiversidad.

Nuevas miradas sobre las selvas tropicales: La irrupción de la biodiversidad.

Sobre las selvas tropicales del mundo, y en particular sobre la región del Pacífico Colombiano el capitalismo ha aplicado diferentes regímenes de explotación. En la casi totalidad de los casos han sido regímenes de enclave ya sean extractivos o de plantación causantes de grandes daños ecológicos sobre estos frágiles ecosistemas. El discurso hegemónico había presentado a estos extensos territorios como inhabitados y malsanos, territorios salvajes que deben ser sometidos para que aporten a la economía y la producción de los estados nacionales que los contienen. Mas recientemente, la abundancia y heterogeneidad de las especies del bosque tropical y su estructura bioquímica, genética y molecular han pasado a ser consideradas recursos valiosos sobre los que se trazan distintas y conflictivas estrategias de aprovechamiento por parte de agentes estatales, capitalistas o de movimientos sociales.

Los habitantes de dichas extensiones forestales superhúmedas ya sean indígenas, poblaciones trasladadas forzadamente como mano de obra para empresas extractivas o campesinos desplazados de sus regiones de origen, en la mayoría de los casos han desarrollado formas productivas altamente sostenibles de bajo impacto sobre el conjunto del ecosistema.

Más contemporáneamente las poblaciones locales de las selvas pluviales han invocado la defensa de sus territorios ancestrales y la protección del medio ambiente como sus más notorias formas de resistencia frente a los proyectos de explotación capitalista de los recursos naturales. Han reivindicado sistemas productivos de baja escala basados en la reciprocidad y la cooperación, con gran carga simbólica de las relaciones sociedad-naturaleza.

El motivo por el cual se le presta tanta atención a la selva tropical actualmente radica en lo que podría denominarse "la irrupción de lo biológico" como hecho social central de las políticas globales del siglo XX. Después de dos siglos de destrucción sistemática de la vida y la naturaleza, la supervivencia de la vida ha surgido como aspecto crucial de los intereses del capital y la ciencia, mediante un proceso dialéctico iniciado por el capitalismo y la modernidad. La conservación y el desarrollo sostenible se convirtieron en problemas ineludibles para el capital, obligándole a modificar su lógica anterior: la de la destrucción.

Lo ocurrido durante los últimos años en los bosques tropicales sugiere que se encuentra en juego mucho más que las políticas por los recursos, por el medio ambiente o, inclusive, por la representatividad. Un punto crucial lo definen las múltiples construcciones de la naturaleza en su dimensión más compleja: el contraste entre las prácticas de significado-uso entre los distintos grupos sociales. Los hechos muestran una política cultural de la naturaleza por parte de los movimientos sociales de los pobladores de los bosques tropicales cuyas lecciones rebasan a los bosques mismos. Uno de los aspectos sobresalientes de esta política cultural son las respuestas organizadas que resultan de ella en la forma de movimientos sociales.

Se entiende por "política cultural" el proceso que se ejecuta cuando los actores sociales, moldeados o caracterizados por diferentes significados y prácticas culturales, entran en conflicto. La noción de política cultural asume que los significados y prácticas culturales —en particular aquellas teorizadas como marginales, de oposición, minoritarias, residuales, emergentes, alternativas, disidentes y similares, concebidas con respecto a un orden cultural dominante— son fuente de procesos que pueden considerarse políticos (Alvarez et al 1998). Esta política cultural altera las prácticas y el entendimiento familiar que se tiene de la naturaleza, a la vez que intenta liberar las ecologías locales, tanto mentalmente como en la naturaleza misma, de sistemas arraigados en clases, género y de dominación étnica y cultural.

El concepto de biodiversidad ha transformado los parámetros de valoración de la naturaleza y las disputas sobre acceso a los recursos naturales. La idea de biodiversidad surge de una cuantificación del número de especies existentes en áreas determinadas. Estas zonas adquieren una nueva visibilidad la cual las hace objeto de renovado interés por parte de actores tan diversos como los movimientos ambientalistas, los estamentos científicos, las organizaciones de comunidades nativas. Las visiones sobre el medio ambiente adquieren un factor de racionalidad en las que la intervención de los saberes expertos y técnicos y de la sofisticación de la intervención capitalista se contrapone al control de los recursos naturales por parte de los pobladores locales (Instituto Humboldt 1998:18-22). El reconocimiento de patentes sobre organismos vivientes o sus componentes, ignorando deliberadamente la autoría de los pueblos nativos es definido y argumentado meticulosamente como abierta biopiratería por Shiva (2000: 13-24).

Los proyectos para la "conservación de la biodiversidad" —frecuentemente financiados por Ong’s del Norte y por el Fondo Mundial para el Ambiente (Gef) del Banco Mundial— incorporan planificadores nacionales y comunidades locales en las complejas políticas de la tecnociencia, que ven en los genes de las especies selváticas la clave para conservar los frágiles ecosistemas; y ello ocurre en países tan diferentes como Costa Rica, Tailandia, Costa de Marfil, Colombia, Malasia, Camerún, Brasil y Ecuador. Según el argumento básico, los genes de las especies selváticas constituyen una valiosa biblioteca de información genética, fuente de drogas maravillosas y, tal vez, reserva de abundancia de alimentos que podrían convertirse en productos muy valiosos mediante biotecnología. Así, pues, se preserva al bosque lluvioso, a la vez que se obtienen pingües ganancias que beneficiarían también a los pobladores locales. El creciente discurso sobre la biodiversidad es el resultado de la problematización de lo biológico, pues coloca a las áreas de selva tropical lluviosa en una posición biopolítica global fundamental.

La clave para la conservación de la biodiversidad, según la visión promulgada por las instituciones dominantes, está en hallar formas de utilización de los recursos de los bosques tropicales que garanticen su conservación a largo plazo. Dicho uso se debe fundamentar en el conocimiento científico de la biodiversidad, en sistemas apropiados de administración y en mecanismos adecuados que establezcan los derechos de propiedad intelectual que protejan descubrimientos que podrían ofrecer aplicaciones comerciales. Conocida también como "cacería de genes", la prospección de la biodiversidad se presenta como un protocolo respetable para salvar la naturaleza (WRI, 1993) porque se considera que la fuente de los beneficios y ganancias de la conservación están en los genes de las especies. Las actividades de prospección ya se realizan en algunos "puntos candentes" del Tercer Mundo, por parte de los jardines botánicos norteamericanos y europeos, compañías farmacéuticas, biólogos independientes y Ong’s del Sur, entre otros.

El aparato para la producción de biodiversidad incluye una serie de actores diferentes —desde las Ong’s del Norte, organizaciones internacionales, jardines botánicos, universidades y corporaciones, hasta los recientemente creados institutos para la biodiversidad en el Tercer Mundo, planificadores y biólogos del Tercer Mundo, y comunidades y activistas locales— cada uno con su marco interpretativo sobre qué es la biodiversidad, qué debería ser, o qué podría llegar a ser. Esta formación discursiva puede teorizarse como una red con múltiples agentes y lugares donde se producen conocimientos, se debaten, utilizan y transforman.

Hay pues conflictos sobre cómo conocer o cómo es conocida esa biodiversidad. Tanto el conocimiento científico sobre los componentes químicos de las especies de esa biodiversidad como el conocimiento tradicional sobre usos médicos o económicos de dichas especies son ávidamente buscados por las multinacionales farmacéuticas y biotecnológicas, por las entidades de investigación y por instituciones estatales. La dimensión biodiversa de la naturaleza engendra nuevos campos de atracción para estos diversos actores y sus intereses. Las compañías comerciales trabajan en una de las líneas más dinámicas de la acumulación capitalista en farmacología, biotecnología y genética. Las agencias estatales presentan posiciones contradictorias que oscilan entre abrir el acceso a los recursos biológicos a compañías nacionales y multinacionales, poner bajo la tutela estatal los recursos biológicos o proteger los derechos de los habitantes vernaculares de las áreas biodiversas. En los centros científicos y en las universidades algunos enfoques se concentran en lo puramente biológico mientras que otros abordan la biodiversidad como parte de una realidad social la cual a su vez puede ser vista de una manera poco problemática o como el escenario de conflictos por el acceso y control de recursos naturales (Grain - Gaia 1998).

Una perspectiva crítica sobre la biodiversidad desde un enfoque de ecología política incluye entre otros el siguiente conjunto de proposiciones

1.Aunque la "biodiversidad" tiene referentes biofísicos concretos, debe ser vista como una invención discursiva reciente. Este discurso se articula en una compleja red de actores, desde las organizaciones internacionales y Ong’s del Norte, hasta científicos, prospectores, comunidades locales y movimientos sociales.

2. A través de la política cultural que generan, los movimientos sociales proponen una visión particular para la conservación y apropiación de la biodiversidad. Al vincular en su enfoque la biodiversidad con la defensa cultural y territorial, estos movimientos sociales configuran un marco de ecología política alternativo.

3. Aspectos particulares de los debates sobre la biodiversidad —control territorial, desarrollo alternativo, derechos de propiedad intelectual, conocimiento local y la conservación misma— cobran nuevas dimensiones; no se pueden seguir reduciendo a las prescripciones tecnocráticas y economizantes ofrecidas por las posturas dominantes. Localidades marginales tales como las comunidades y los movimientos sociales empiezan a ser vistos como centros de innovación y de mundos alternativos emergentes.

A riesgo de sobresimplificar, es posible diferenciar cuatro grandes posiciones producidas por la red de la biodiversidad. Cada una de estas posiciones son en sí mismas heterogéneas y diversas, y la red en su totalidad es extremadamente dinámica y cambiante (Escobar, 1997a).

1. Manejo de recursos: perspectiva globalocéntrica

Visión de la biodiversidad producida por las instituciones dominantes, particularmente el Banco Mundial y las principales Ong’s ambientalistas del Norte (World Conservation Union, Nature Conservancy, World Resource Institute y World Wildlife Fund, entre otras), apoyadas por los países del G-8. Ofrece prescripciones para la conservación y uso sostenible de los recursos en un nivel internacional, nacional y local; y sugiere mecanismos apropiados para el manejo de recursos, incluyendo investigación científica, conservación in-situ y ex-situ, planeación nacional de la biodiversidad, y el establecimiento de mecanismos apropiados para compensación y utilización económica de los recursos de la biodiversidad principalmente mediante derechos de propiedad intelectual

Esta perspectiva se origina en visiones dominantes de la ciencia, el capital y la gestión (WRI/IUCN/UNEP, 1991; WRI, 1994:149-151). La Convención de la Diversidad Biológica (CDB) ocupa un lugar central en la diseminación de esta perspectiva.

2. Soberanía: perspectivas nacionales del Tercer Mundo

A pesar de que hay grandes variaciones en las posiciones adoptadas por los gobiernos del Tercer Mundo, se puede plantear la existencia de una perspectiva nacional del Tercer Mundo que, sin cuestionar de manera fundamental el discurso globalocéntrico, busca negociar los términos de los tratados y las estrategias de la biodiversidad. Aspectos no resueltos —como la conservación in-situ y el acceso a colecciones ex-situ, acceso soberano a los recursos genéticos, la deuda ecológica, y la transferencia de recursos tecnológicos y financieros al Tercer Mundo— son importantes tópicos en la agenda de estas negociaciones.

3. Biodemocracia: perspectiva de las Ong’s progresistas

Para un número creciente de Ong’s del Sur, la perspectiva dominante y globalocéntrica equivale a una forma de bioimperialismo. Los simpatizantes de la biodemocracia enfatizan el control local de los recursos naturales, la suspensión de megaproyectos de desarrollo y de subsidios para las actividades del capital que destruyen la biodiversidad, el apoyo a las prácticas basadas en la lógica de la diversidad, una redefinición de productividad y eficiencia, y el reconocimiento de la base cultural de la diversidad biológica.

4. Autonomía cultural: perspectiva de los movimientos sociales.

Los movimientos sociales que construyen una estrategia política para la defensa del territorio, la cultura y la identidad ligada a lugares y territorios particulares generan una política cultural mediada por consideraciones ecológicas. Conscientes de que la "biodiversidad" es una construcción hegemónica, reconocen, no obstante, que dicho discurso abre un espacio para la configuración de desarrollos culturalmente apropiados que se puedan oponer a tendencias más etnocéntricas y extractivistas. Lo suyo es la defensa de todo un proyecto de vida, y no solamente de los "recursos" o la biodiversidad (Escobar 1997b).

De estos cuatro discursos sobre la biodiversidad se deduce que hay una asimetría fundamental en los textos de la biodiversidad entre la ciencia y la economía moderna, de un lado, y el conocimiento local y las prácticas de la naturaleza, del otro.

La fase actual de globalización del capital implica que asuntos cruciales sobre los marcos jurídicos en que se desenvuelven las transacciones capitalistas, especialmente los referentes a los derechos de propiedad comercial e industrial y las regulaciones comerciales sean planteados en escenarios internacionales multilaterales en los que países capitalistas centrales y multinacionales ejercen vasto poder e influencia.

Las Conferencias de las Partes sobre el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) establecido en 1992 por más de 150 países en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro se han venido realizando en distintas partes del mundo. Colombia ratificó el CDB mediante la Ley 165 de 1994 o Ley de Biodiversidad. En estas Conferencias de las Partes internacionales se ha ido acordando la apertura de información y acceso a los recursos de la biodiversidad a los países desarrollados y a las compañías privadas sin una clara protección para los países más pobres y sus poblaciones locales. Los puntos más álgidos sobre propiedad intelectual, patentes biotecnológicas y privatización de fenómenos biológicos están aún por decidirse y enfrentan fuertes presiones de las multinacionales farmacéuticas y de los gobiernos del los países capitalistas avanzados (Flórez 2000, Instituto Humboldt 2000: 56-59).

Sin embargo los acuerdos logrados en el CDB y los que puedan lograrse en un futuro no podrán afectar otros convenios previos entre países. Por esta razón los escasos acuerdos internacionales para la protección de la biodiversidad y de los derechos de los portadores del conocimiento tradicional y de los habitantes tradicionales de territorios altamente biodiversos están a merced de la dictadura del mercado vigilada por la Organización Mundial del Comercio, OMC, y los acuerdos regionales so pena de sanciones comerciales.

La imposición de criterios puramente capitalistas por encima de procesos de consulta y debate se ha dado por ejemplo en el seno de los países andinos signatarios del Acuerdo de Cartagena quienes ya en 1993 aceptaron las patentes biológicas y la propiedad comercial exclusiva de nuevas variedades vegetales por medio de la Decisión andina 391 de 1996. En estos acuerdos el Pacto Andino declara al estado como poseedor soberano de los recursos genéticos tangibles, --los organismos en sí mismos (plantas, animales)-- mientras que el conocimiento tradicional asociado de los grupos indígenas y campesinos se considera un componente intangible poseído por estos grupos. De esta forma es el estado el que ejerce el control sobre los recursos naturales biológicos pasando por alto la autoría intelectual colectiva del desarrollo de las especies por parte de los habitantes ancestrales. Según los acuerdos del Pacto Andino en caso de expidirse licencias o patentes a empresas privadas, el estado protege el patrimonio tangible mientras que las poblaciones locales poseedoras del patrimonio intangible deben establecer arreglos particulares con las empresas comerciales (Instituto Humboldt 2000: 59-60).

El futuro de la situación de los derechos de las minorías étnicas a controlar sus recursos biológicos y su conocimiento tradicional depende entonces en buena parte de la movilización de las organizaciones étnicas y de otros sectores de la sociedad civil tales como ONGs en el plano internacional y nacional pues en el marco institucional son las posiciones a favor del mercado las que priman y cuentan con mejores recursos para imponer sus puntos de vista. Pocos gobiernos, particularmente en Latinoamérica, están dispuestos a cuestionar a la OMC o a arriesgar su reputación de juiciosos socios comerciales de los países capitalistas avanzados al poner en entredicho los principios de libre mercado para favorecer los derechos de las comunidades locales a controlar su conocimiento tradicional y a ser reconocidos como autores de las realidades genéticas de las variedades por ellos domesticadas.

La posición general de los gobiernos de los países capitalistas centrales y de las multinacionales es cínicamente ventajosa: libre acceso para todos a los recursos naturales pero propiedad privada y acceso restringido una vez que éstos han sido apropiados y procesados por las compañías industriales. El conocimiento milenario sobre los usos, la domesticación de especies o la conservación de la diversidad en los territorios tradicionales no se consideran patrimonios de los grupos étnicos que deban ser reconocidos y adecuadamente compensados.

Los derechos de propiedad intelectual y las patentes son unos de los artefactos jurídicos fundamentales para la economía capitalista. Estos derechos han de ser registrados y vigilados por entidades especiales y cubren no sólo el ingenio y el esfuerzo de individuos y empresas sino que también frecuentemente entrañan una privatización de valores de uso sociales con fines de lucro particular. En el caso de los grupos étnicos la privatización de componentes o propiedades biológicas derivados del conocimiento o uso de estos grupos conlleva también amenazas e intrusiones al territorio y a la autonomía así estos últimos factores, en el caso colombiano, sean derechos reconocidos por la legislación (Instituto Humboldt 2000: 77-91).

Dentro de un marco occidental, las ganancias surgen de innovaciones que deben estar protegidas por derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, en muchas comunidades campesinas, la innovación emerge al interior de la tradición. Al imponer un lenguaje de derechos de propiedad intelectual en los sistemas campesinos, los beneficios de las innovaciones de la comunidad terminan acrecentando el capital externo (Gudeman y Rivera, 1990; Gudeman, 1996).

El redescubrimiento de una región: el Pacífico colombiano.

La región del Pacífico colombiano es una vasta área de selva tropical lluviosa de aproximadamente 960 kilómetros de largo, que fluctúa entre 80 y 160 kilómetros de ancho (alrededor de 70.000 km²). Se extiende desde Panamá hasta Ecuador, y desde la vertiente occidental de la Cordillera Occidental hasta el Océano Pacífico. Aproximadamente el 60% de la población vive en algunas pocas ciudades y pueblos grandes, mientras que el resto habita las áreas a lo largo de los más de 240 ríos que corren desde la cordillera hasta el mar. Los afrocolombianos, descendientes de esclavizados traídos del África a comienzos del siglo XVII para la minería del oro, conforman el grueso de la población, aun cuando también hay aproximadamente unos cincuenta mil indígenas. Estos últimos pertenecen especialmente a las etnias embera y waunana que habitan al norte del departamento del Chocó. Las comunidades indígenas han mantenido prácticas materiales y culturales particulares, tales como actividades económicas y de subsistencia que involucran la agricultura, la pesca, la caza y la recolección, y explotación minera a pequeña escala; familias extensas y relaciones sociales de parentesco; tradiciones orales y prácticas religiosas; formas de conocimiento particulares y utilización de diversos ecosistemas selváticos; etc.

Los grupos negros, mantienen y han desarrollado prácticas culturales de origen tanto africano como indígena y español --ricos y complejos sistemas de aprovechamiento de la selva, familias extensas, bailes especiales, tradiciones orales y musicales, cultos fúnebres, brujería y otras—.Dichas actividades se mezclan cada vez más con formas urbanas modernas, debido en parte a migraciones internas y externas, como también al impacto ocasionado por las mercancías, los medios de comunicación y los programas para el desarrollo que se diseñan desde el interior del país. Aunque la región nunca ha estado aislada de los mercados mundiales —los ciclos de bonanzas auríferas, del platino, las maderas preciosas, el caucho, la industria maderera (Whitten, 1986) y, como lo veremos enseguida, también los recursos genéticos han amarrado a las comunidades étnicas con la economía mundial— fue apenas en la década del ochenta cuando se tuvo en cuenta a esta región con políticas organizadas para su desarrollo.

Lo que ocurre actualmente en el Pacífico es algo sin precedentes: planes para el desarrollo a gran escala, apertura de nuevos frentes para la acumulación de capital —como cultivos de palma africana y criaderos artificiales de camarón—, y numerosas movilizaciones de indígenas y negros. Dentro de este imaginario naciente, la región del Pacífico colombiano ocupa un lugar importante como plataforma de lanzamiento para la macroeconomía del futuro, el descubrimiento de la biodiversidad en esta región es uno de los principales componentes de su imaginario (Escobar 1996).

Tres actores principales: el Estado, el capital y los movimientos sociales, luchan por definir el futuro de la región. Detrás de estos actores hay ordenes culturales y políticas diferentes, cuyas genealogías y lazos de unión con racionalidades socioeconómicas y culturales deben ser aclaradas. El estudio de la política cultural de cada uno de estos tres actores es importante porque el futuro de la región dependerá, en buena parte, de cómo se la defina y represente. La política cultural de la naturaleza en esta región está inscrita en tres procesos básicos desarrollados simultáneamente después de 1990: a) las radicales políticas de apertura hacia los mercados mundiales, favorecidas por el gobierno en años recientes, con especial énfasis en la integración de las economías de la cuenca del Pacífico con el resto del país; b) las nuevas estrategias de desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad; y c) las crecientes y cada vez más visibles formas de movilización de poblaciones negras e indígenas.

La situación que se presenta en el Pacífico colombiano es muy especial por que se combinan de manera aguda los diferentes factores que intervienen en los debates sobre la biodiversidad, patentes y derechos de propiedad intelectual sobre usos de especies biológicas. Esta área ha sido reconocida como una de las más biodiversas del mundo (García Kirkbride 1986), sus zonas rurales integradas por selvas lluviosas están habitadas por los grupos étnicos indígenas y afrocolombianos los cuales adelantan procesos de organización en defensa de sus derechos. El reconocimiento de los derechos de los grupos étnicos hechos por la constitución y varias otras leyes colombianas, así como la participación oficial de Colombia en los foros internacionales sobre biodiversidad son otros de los puntos que hacen que la del Pacífico colombiano sea uno de los escenarios más cruciales para los debates contemporáneos sobre la biodiversidad

Desde finales de los años ochenta, el gobierno persigue una amplia política de integración con las economías de la cuenca del Pacífico. El Océano Pacífico —rebautizado como "el Mar del Siglo XXI"— se percibe como el espacio socioeconómico, y en menor escala cultural, del futuro.

Movilización étnica en el Pacífico

Desde comienzos de la década de los 70s los grupos indígenas en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia en particular renuevan con especial intensidad su lucha por su existencia misma a partir de reclamos por derechos específicos basados en la diferencia étnica y ya no solamente como sectores sociales agrarios en procura de derechos básicos. Estas movilizaciones tuvieron eco en los escenarios multilaterales tales como la Unesco, la OIT y la ONU. En especial el convenio # 169 de la OIT hizo un detallado reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas del mundo y fue convertido en ley por muchos de los países signatarios. Tal fue el caso en Colombia con la aprobación de la Ley 21 de 1991. Sin embargo, tal como lo anota Florez (2000: 5) no existen legislación nacional o acuerdos internacionales que protejan explícitamente el conocimiento tradicional de los intentos de apropiación inconsulta por parte de multinacionales apoyadas por sus gobiernos de las metrópolis capitalistas. La expedición de tal normatividad es entonces uno de los retos y tareas que se plantean a los movimientos étnicos

La irrupción del concepto de biodiversidad y sus variadas consecuencias se da en Colombia en el contexto de tres décadas de luchas indígenas y de una década de las comunidades negras por la propiedad colectiva de sus territorios, por el respeto a sus particularidades socioculturales y por la autonomía de las autoridades indígenas. Como resultado de esta movilización colectiva de indígenas y negros en Colombia la legislación colombiana por medio de diferentes normas constitucionales, leyes y decretos reconoce estos derechos pero la capacidad del Estado colombiano para hacer cumplir su propia normatividad es muy débil

Los indígenas en la región del Pacífico son el grupo poblacional minoritario. Unos cincuenta mil en total, se encuentran en su mayoría en la porción norte ocupada por el departamento del Chocó. Una cantidad mucho menor se asienta en los departamentos del sur. En el Chocó están organizados desde 1980 en la Organización Regional Embera Wounán, OREWA con centenar y medio de cabildos o sea gobiernos de comunidades locales. En el segmento sur de las selvas costeras del Pacífico existen unas organizaciones regionales mucho más pequeñas de grupos embera denominados en esta área como eperara siepidara. En las estribaciones de la cordillera contigua a la parte norte de la llanura pacífica en los departamentos de Antioquia y Risarlda las tierras han sido objeto de intensa colonización desde hace casi un siglo. Unos pocos miles de indígenas se encuentran rodeados de fincas de colonos mestizos, hay unos siete mil indígenas embera organizados en la Organización Indígena de Antioquia y en los cabildos mayores de la zona Chamí en Risaralda. En la parte de transición cordillerana en la selva pacífica del departamento de Nariño se encuentran unos cinco mil indígenas Awá organizados en la UNIPA, Unión del Pueblo Awá.

Hace veinte años comenzó a gestarse la organización de las poblaciones rurales en el Pacífico, en esta época un grupo de jóvenes estudiantes indígenas de secundaria apoyados por algunos misioneros católicos, e inspirados por la organización que emprendían los indígenas del Cauca en Colombia y en otras partes de Latinoamérica, crearon la Organización Regional Embera Wounán (OREWA) del Chocó la cual emprendió una lucha en pro del reconocimiento de los territorios indígenas, el respeto a su cultura y la vinculación organizativa de todas las comunidades indígenas de la región. Dos décadas después la OREWA registra exitosamente la titulación en resguardos de la mayoría de las tierras indígenas y la conformación de cabildos, gobiernos locales, de la casi totalidad de las comunidades indígenas chocoanas (Pardo 1997: 233-234). En su trayectoria de acción la OREWA ha tenido que enfrentar compañías madereras, empresas mineras, construcción de carreteras, proyectos hidroeléctricos y más recientemente intentos de investigación inconsulta sobre recursos biológicos y genéticos Algo más recientes son los mencionados procesos de organización en las áreas de contacto con la cordillera en los departamentos de Antioquia, Risalralda y Nariño o en las selvas bajas del litoral en Valle, Cauca y Nariño.

A comienzos de los ochentas fueron las poblaciones negras del río Atrato, federadas en la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA) las que emprendieron la organización, también con acompañamiento misionero, para defender su territorio y recursos naturales en contra de las grandes compañías madereras a las que el estado había otorgado grandes concesiones. Después de intensas movilizaciones y tortuosas negociaciones con el gobierno, ACIA logró que se le reconociera a las comunidades el derecho al acceso y protección de grandes extensiones territoriales vitales para la subsistencia, y que anteriormente eran consideradas baldías. Solamente en años recientes, el estandarte de la diferencia cultural ha sido el elemento más importante de la organización negra, particularmente como resultado de un nuevo movimiento en el Pacífico. En ese sentido, existen dos factores principales: primero, la embestida desarrollista y capitalista sobre la región, animada por el proceso de apertura y su integración al país; y segundo, el proceso de reforma constitucional que culminó con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y el cambio de la Constitución Política de 1886.

Para las comunidades negras del Pacífico, esta fue una oportunidad única para construir su identidad bajo el principio de exigencias y propuestas culturales, políticas y socioeconómicas. Dado que los negros no tuvieron éxito asegurando a sus propios representantes en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, su situación fue presentada por los representantes indígenas. Inicialmente aprobada por la Asamblea como medida provisional, los derechos culturales y territoriales de las comunidades negras se incluyeron finalmente en la Ley 70 de 1993, dos años después de la vigencia de la nueva Constitución Política.

La experiencia de ACIA en el medio Atrato y sus reclamos en pro del reconocimiento del carácter colectivo del territorio y de la idiosincrasia cultural fue fundamental para los derechos de la población negra fueran reconocidos por la constitución de 1991 y se generara una dinámica que llevó el proceso organizativo a las comunidades negras de toda la región del Pacífico. En el Chocó, poco después de la ACIA surgieron otras organizaciones de cuenca fluvial en el Baudó, en el alto y en el bajo San Juan y en el bajo Atrato. Algo más tarde a raíz de las discusiones de la constituyente surgieron organizaciones de activistas en los mayores centros urbanos con el objetivo de impulsar la organización departamental de las comunidades negras rurales.

La nueva Constitución le otorgó derechos sin precedentes a las minorías étnicas y religiosas e hizo un explícito reconocimiento de los derechos específicos de los grupos indígenas otorgándoles territorios inalienables bajo la forma de resguardos y reconociéndoles autonomía política.

El cambio constitucional sirvió como coyuntura para una serie de procesos sociales, siendo los más visibles las organizaciones negras e indígenas. A través de un artículo transitorio la nueva constitución ordenó la expedición de una ley para la salvaguarda de los territorios, la cultura y la sociedad de las comunidades negras asentadas en las selvas superhúmedas del Pacífico y en territorios similares. Como consecuencia de ello el gobierno expidió la ley 70 de 1993 por la cual se establece la creación de territorios colectivos para las comunidades negras del Pacífico, su administración por consejos comunitarios y otras medidas para la protección de la cultura y la sociedad de estos grupos sociales.

Las acciones emprendidas hace una década por las poblaciones negras para lograr ser escuchados en la Constituyente, para presionar y proponer la expedición de la ley 70 y para participar en su desarrollo han extendido el proceso organizativo a gran parte de las poblaciones negras del Pacífico.

Comenzaron como núcleos de activistas urbanos que divulgaban y educaban a los pobladores negros ribereños sobre las posibilidades de asegurar los territorios y la cultura propia. Luego, en 1992 para la discusión con el objeto de proponer una ley para las comunidades negras, el gobierno nacional proporcionó recursos para realizar talleres y discusiones a lo largo de todo el Pacífico, recursos estos que fueron adjudicados mayormente a las incipientes organizaciones departamentales lo cual les permitió consolidar su influencia.

La movilización y discusión durante la constituyente en 1990 y 1991 para la elaboración de la ley 70 en 1992 y 1993 y para la divulgación de esta última obtuvieron recursos gubernamentales y fueron liderados en buena medida por parte de las organizaciones de cuenca fluvial en el Chocó y por las organizaciones departamentales en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño. En éstas últimas tuvo importante figuración entre 1993 y 1998 el Proceso de Comunidades Negras —PCN, una red de más de 140 organizaciones locales— el cual ha asumido un rol protagónico en la lucha por los derechos constitucionales otorgados a las comunidades negras y en la defensa de sus territorios.

La característica más distintiva del PCN es la articulación de una propuesta política con una base y un carácter principalmente etnoculturales. Su visión no es aquella de un movimiento basado en un catálogo de "necesidades" y exigencias para el "desarrollo", sino la de una lucha expuesta en términos de la defensa de las diferencias culturales. Allí radica el carácter más radical del movimiento. El PCN coordinó las organizaciones departamentales llamadas Palenques en Valle, Cauca y Nariño y la Costa Atlántica. Con el avance del proceso de titulación de los territorios colectivos la influencia de alcance nacional del PCN y la departamental de los Palenques ha disminuido sensiblemente ante la consolidación de los consejos comunitarios

En la tercera Asamblea Nacional de Comunidades Negras, realizada en septiembre de 1993 y en la que se constituyó formalmente el PCN, se propusieron metas como a) la reafirmación de la identidad (el derecho a ser negros), b) el derecho al territorio c) autonomía (el derecho a ejercer el ser/identidad), particularmente en la esfera política d) el derecho a construir una perspectiva autónoma del futuro basada en la cultura negra (Grueso et al 1998).

En la agenda de movilización tanto de las organizaciones indígenas como negras del Pacífico las consideraciones sobre la biodiversidad y de los derechos de las poblaciones locales sobre los recursos biológicos y genéticos de la región ocupan una posición prominente. De gran importancia dentro de las expresiones antihegemónicas contemporáneas, los movimientos étnico territoriales en el Pacífico tanto amerindios como de poblaciones negras, han logrado sustraer del régimen de propiedad privada individual y mercantil de la tierra, extensos territorios y colocarlos bajo la perspectiva de un uso sostenible bajo el control de las poblaciones locales.

La lucha de estos grupos por el control de su territorio y sus recursos naturales se desarrolla en diversos frentes, contra las formas más crudas extractivas como la minería de retroexcavadora o la tala forestal, contra obras de infraestructura como carreteras, puertos o hidroeléctricas que amenazan el bienestar de las comunidades, contra formas capitalistas de explotación agroindustrial que ponen en peligro la viabilidad ecológica o el acceso a la tierra como las camaroneras, plantaciones de palma o explotación de palmito, contra intenciones de explotar los recursos genéticos por parte de multinacionales, o contra reglamentaciones estatales como en el caso del acceso e inclusión de los manglares en los territorios colectivos o de viabilidad de la minería artesanal dentro del código minero.

Los movimientos entonces han estado luchando contra diversas formas de exclusión, de dominación y de explotación. De manera semejante a como lo plantean Santos y Santos (2000: 18), han conseguido resultados creativos frente a contradicciones que se han ido descubriendo en el accionar reivindicativo y de esta forma han ido desarrollando relaciones emancipatorias al confrontar al poder establecido en varias de sus expresiones.

Para los activistas, la defensa de determinadas prácticas culturales de las comunidades ribereñas es una decisión estratégica, en la medida en que son reconocidas no sólo por incorporar resistencias al capitalismo, sino también como elementos para racionalidades ecológicas alternativas. De esta manera, el movimiento se construye sobre la base de redes de prácticas y significados culturales sumergidos dentro de las comunidades ribereñas y su construcción activa de mundos (Melucci, 1989); ahora bien, concibe estas redes como base para la configuración política de la identidad relacionada más con el encuentro con la modernidad —Estado, capital, ciencia, biodiversidad—, que con identidades esenciales y atemporales

Desde 1998 se han venido titulando los Territorios Colectivos Negros en el Pacífico tal como lo ordenó la ley 70 de 1993. El primer título se expidió a localidades del bajo Atrato en marzo de 1997, en febrero de 1998 se otorgó el título del medio Atrato solicitado por la ACIA con unas 650.000 hectáreas. Luego se han ido adjudicando territorios colectivos de menores dimensiones en distintas partes del Pacífico colombiano. Este proceso ha cambiado sensiblemente los marcos organizativos en los tres departamentos del sur. El liderazgo de activistas urbanos con sede en el principal centro urbano departamental en el Pacífico -Buenaventura, Guapi y Tumaco-- ha ido dando paso a las asociaciones de los consejos comunitarios que creó la Ley 70 como administración colegiada de los territorios colectivos.

La mayoría de los consejos comunitarios se han agrupado en organizaciones subregionales las cuales aunque no han renunciado explícitamente a la organización departamental sí se han ganado en independencia y autonomía. En la medida en que la titulación avanza los activistas urbanos van perdiendo el ascendiente sobre las comunidades rurales así estos primeros conserven en buena parte su visibilidad e interlocución con las instituciones gubernamentales. Se está consolidando así en la parte sur del Pacífico la forma organizativa que desde comienzos del movimiento a mediados de los 80s se dio en el norte en el Chocó a través de asociaciones subregionales de localidades riverinas contiguas unidas en el reclamo de territorio colectivo (Pardo 2000: 339). Es lo que activistas y analistas del movimiento de comunidades negras han denominado las organizaciones étnico territoriales.

El movimiento indígena y el movimiento negro están inmersos en complejas redes de relaciones nacionales e internacionales que les permiten sortear el aislamiento y la anomia en los que el sistema hegemónico ha tratado de situarlos, inscribiéndose así en redes de globalización antihegemónica. Entre organizaciones negras e indígenas han implementado alianzas. Los indígenas habían comenzado sus luchas siete años antes y pudieron asesorar a las nacientes organizaciones negras en 1987 con su experiencia previa, especialmente a la ACIA. Poco después ACIA y OREWA impulsaron la creación de la Asociación Campesina del San Juan, ACADESAN, en 1989 en el río san Juan y allí se realizó por vez primera un encuentro biétnico entre negros e indígenas del cual salió la osada propuesta de crear un territorio colectivo biétnico en la hoya de este río (Obapo, Orewa y Acia 1990-91). La OREWA y las organizaciones negras siguieron coordinando movilizaciones hasta el punto que apoyaron conjuntamente al candidato indígena del Chocó a la Asamblea Constituyente de 1991, el cual salió elegido y allí impulsó la aspiración de los negros campesinos de tener la posibilidad constitucional para titular territorios colectivos (Wade 1995). Actualmente en el Chocó continúan coordinando la posición de las organizaciones frente a diferentes tópicos y a la participación en entidades en que tienen cabida por ley.

En la región al sur del Chocó la población indígena es mucho menor y sus organizaciones más recientes. En ésta área las organizaciones negras se han agrupado en federaciones departamentales llamadas Palenques y muchas de estas organizaciones se coordinan en el nivel nacional en el PCN. Las acciones conjuntas de las organizaciones en esta parte tuvieron resultados importantes recientemente en cuanto a las reclamaciones para que los manglares costeros fueran incluidos en los títulos colectivos. El Ministerio del Medio Ambiente argüía que los manglares habían de ser considerados áreas públicas y por lo tanto no podían ser parte de los títulos colectivos. Las organizaciones planteaban que la calidad de público de los manglares era violada cuando el mismo estado hacía concesiones a las empresas camaroneras las cuales construyen gigantescas piscinas que alteran gravemente la ecología del manglar. Finalmente en 2000 el gobierno aceptó incluir los manglares en el título aunque no en forma inalienable. Al reclamar control sobre los manglares, los movimientos continúan ampliando su concepción de naturaleza-territorio como espacio vital de interacciones complejas y variadas entre pobladores y medio ambiente disputando así los crecientes incursiones del capital para mercantilizar cada vez más dimensiones de la naturaleza.

Las organizaciones indígenas son parte de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, la cual mantiene activos y permanentes contactos internacionales con otras organizaciones étnicas, de derechos humanos, ambientalistas y de apoyo a las organizaciones de base. Las organizaciones negras tienen también relaciones con entidades internacionales. Comités internacionales, europeos principalmente, han visitado las zonas golpeadas por la guerra. Tanto organizaciones indígenas como negras desarrollan proyectos financiados por organizaciones internacionales procedentes de diferentes países. Organizaciones católicas europeas han sido permanentes financiadoras de las organizaciones indígenas y de la ACIA. Líderes indígenas y negros concurren regularmente a foros internacionales para vocear sus posiciones. Activistas del PCN, por ejemplo, han participado en numerosas reuniones internacionales tanto como parte de redes anti globalización, como de redes de activistas negros y de redes ambientalistas (Escobar 2000). Más recientemente los movimientos de negros e indígenas han tenido que recurrir a todos los contactos nacionales e internacionales posibles para buscar apoyo y solidaridad ante la embestida brutal de la guerra al corazón de los territorios y los habitantes de los ríos de la región.

La guerra se extiende al Pacífico

Las luchas de las organizaciones de base del Pacífico por el control y el uso humanista de sus territorios y de los recursos naturales se han visto desde hace unos seis años dramáticamente afectadas por la irrupción de la guerra que azota muchas otras regiones de Colombia. La intensificación del enfrentamiento militar ha revelado entonces que además de las dimensiones de valoración económica, geopolítica y biotecnólogica, que ocasionan disputas de dimensiones variadas por el control de la región, hay que considerar también el cariz militar del Pacífico. Las características de la región la convierten en un espacio privilegiado para el tránsito de armas y drogas ilícitas. Las vastas regiones selváticas son parajes ideales para la operación de grupos armados irregulares. Dentro de la geopolítica de la guerra el dominio militar sobre el Pacífico se ha convertido en una pieza valiosísima. Los paramilitares quieren ampliar su dominio sobre el noroccidente colombiano y asegurar la estratégica frontera con Panamá, todos los grupos quieren controlar tanto las salidas al Pacífico como los más recientes y crecientes cultivos de coca en las áreas de población negra que se van expandiendo desde Nariño hacia el norte.

Además, la actividad de los movimientos sociales por el control territorial ha afectado los intereses de inversiones capitalistas en la región tales como empresas dedicadas a la extracción de madereras, de oro, de palmito o cultivos extensivos de palma africana o de camarón. Esta situación fácilmente resulta en la aparición de grupos armados con el fin ya sea de extorsionar las empresas o de acosar a los activistas de los movimientos, lo cual al cabo de corto tiempo degenera en un abierto enfrentamiento entre paramilitares y guerrilleros con ocasional presencia del ejército.

Tal como se ilustra en los trabajos de Romero (2000) y de Uribe (2000:25-26), los enfrentamientos entre los grupos armados rara vez se concretizan en combates directos entre sus protagonistas. La táctica más generalizada es la de asegurar el control territorial mediante el manejo de la población por medio del terror. Cuando uno de estas organizaciones militares ataca a la otra, lo hace eliminando o desterrando a la población civil previamente sometida militarmente por el bando adversario. El norte de la región Pacífica había sido por años una zona de retaguardia de las FARC. Como parte del proyecto paramilitar de dominar todo el noroccidente colombiano, desde finales de 1996 columnas de estos grupos entraron a las poblaciones del bajo Atrato, asesinando numerosos líderes y pobladores y expulsando a la mayoría de la población del área. La totalidad de la dirigencia sobreviviente de la organización negra campesina local, la Organización Campesina del Bajo Atrato, OCABA, que había recibido el primer título de territorios colectivos establecidos por la ley 70, tuvo que huir y la organización prácticamente desapareció (Entrevista a dirigentes de la OCABA, Quibdó 1998). Miles de pobladores del bajo Atrato y del Urabá chocoano fueron desplazados, y buena parte de ellos se hacinó por meses en Quibdó en donde ante la ineficiencia gubernamental, fueron las otras organizaciones del movimiento social las que a través de denuncias y trabajo solidario lograron la obtención de algunos recursos para la atención de la población desplazada. Los paramilitares fueron avanzando hacia el sur y a principios de 1999 dominaban las principales poblaciones.

La Organización Indígena de Antioquia, OIA desde hace varios años ha proclamado una posición de ‘neutralidad activa’ frente al conflicto armado. Esta resistencia a involucrarse ocasionó retaliaciones de las FARC quienes asesinaron a varios integrantes de los cabildos indígenas en el Urabá y occidente del departamento afectando a las comunidades indígenas emberá-katío, quienes constituyen la mayoría de los miembros de la organización. Poco después los paramilitares estaban haciendo similares acusaciones y cometiendo asesinatos contra líderes de las comunidades.

En marzo de 2000 las FARC tratan de recuperar terreno perdido y destruyen buena parte de las poblaciones de Vigía del Fuerte y de Bellavista en el medio Atrato en el corazón del territorio de la ACIA. Unos meses antes después de la muerte del párroco de Bellavista y de un misionero seglar al ser embestida su embarcación por una lancha paramilitar, la población entera del pueblo de Neguá tuvo que huir en su totalidad a Quibdó. La zozobra es permanente y en cualquier momento se esperan nuevos enfrentamientos (Wouters 2000: 265).

En el departamento (provincia) de Nariño, la porción más al sur de la región del Pacífico la guerra ha llegado también con sus destructivas consecuencias. El trayecto de una de las dos únicas carreteras en Colombia que conecta el interior andino con la costa, entre Pasto y Tumaco, es desde hace unos cinco años territorio de guerra. En la zona aledaña de Barbacoas hay fuerte presencia del ELN y en las inmediaciones de Tumaco desde hace unos años se han venido dando amenazas y asesinatos selectivos en contra de líderes negros que han denunciado la abusiva expansión de cultivos de palma y de camaroneras (Agudelo 2000).

En la otra carretera que sale al Pacífico, de Cali al puerto internacional de Buenaventura, la situación es muy grave también. Las Farc y el ELN tienen una ofensiva sobre esta zona desde hace dos años y los paramilitares han entrado a disputar el área . Hechos análogos se han presentado en la vía panamericana entre Cali y Popayán. Como ocurre sistemáticamente la población civil ha sido víctima de asesinatos, destruccion de poblados, masacres, desplazamiento y terror generalizado.

El panorama en toda la región es entonces desolador, la mayoría de los territorios en los que operan organizaciones de base, negras o indígenas son escenarios de la confrontación armada. Los grupos armados apuntan a un control territorial por medio del terror y ante ello las prioridades de las organizaciones se centran en la supervivencia y la denuncia, mientras que las agendas de protección territorial y de los recursos naturales tiene que ser puesta en espera.

Las organizaciones han tenido entonces que apoyarse en las redes previamente construidas, con organizaciones nacionales e internacionales de apoyo a organizaciones de base y de derechos humanos. . Las organizaciones en el Chocó, especialmente ACIA, se han sumado a una campaña en la que participan sectores diversos para declarar al Chocó ‘Territorio de Paz’. Desde el PCN se ha planteado para los departamentos del sur la creación de "Territorios de Protección" en los que la población civil atacada o amenazada pueda refugiarse apoyada por atento monitoreo internacional (Agudelo 2000). Han surgido organizaciones de población negra desplazada que actúan en cercana cooperación con las organziaciones étnico-territoriales.

A mediados de 2000 la situación de los indígenas del occidente de Antioquia junto los de otras partes del país llegó a ser tan seria que las Naciones Unidas hicieron un requerimiento especial al gobierno colombiano para la protección de los grupos indígenas asediados en medio de la guerra. No obstante a finales de 2000 un grupo de las FARC asesinó a un lider indígena de la OREWA y al alclalde de Juradó en la costa pacífica en la frontera con Panamá. Prácticamente todas las principales organizaciones internacionales de derechos humanos han dirigido numerosos llamados al gobierno colombiano para que actúe y proteja a la población indefensa.

Pero la situación de desplazamiento y de agresión a la población civil es de tales dimensiones que los casos del Pacífico son unos más junto a los de muchas otras regiones del país. La de Colombia constituye una de las situaciones más graves de desplazamiento del mundo con más de dos millones de personas expulsadas de sus hogares.

Movimiento étnico y biodiversidad

¿Podrán los movimientos sociales en los bosques tropicales convertirse en actores importantes dentro de los discursos que están moldeando el futuro de las selvas? ¿Podrán participar en la coproducción de tecnociencia y sociedad, naturaleza y cultura que ha sido puesta en marcha por la red de la biodiversidad?

La elección de la diferencia cultural como concepto articulador de la estrategia política, fue el resultado de varios factores históricos, al igual que también se relacionó con los amplios debates propiciados por el cambio constitucional. En su reinterpretación de la historia regional, los activistas del Pacífico no solamente se apartaron de la perspectiva integracionista, denunciando fuertemente el mito de la democracia racial, sino que también resaltaron el hecho de que las comunidades negras e indígenas del Pacífico han favorecido históricamente su aislamiento de la sociedad y la economía nacional, aunque reconocen que dicha ética de aislamiento e independencia es cada vez menos plausible bajo las actuales fuerzas integracionistas, y ante la inevitable presencia de los medios masivos de comunicación, las mercancías modernas y demás cosas por el estilo. En este sentido, la relación entre territorio y cultura es de la mayor importancia. Los activistas tienen un concepto de territorio como "un espacio para la creación de futuros, de esperanza y continuidad de la existencia". La pérdida de territorio se equipara con "regresar a los tiempos de la esclavización".

De este reconocimiento nace el interés por la biodiversidad y suministra una puerta hacia el futuro. No es coincidencial el que varios profesionales negros asociados con el movimiento hayan decidido participar en el proyecto gubernamental sobre biodiversidad, Proyecto Bio Pacífico, PBP financiado por el GEF. Las negociaciones con el PBP llevaron a que las organizaciones negras e indígenas participaran en la planeación del proyecto divulgando por toda la región estrategias de conocimiento y divulgación de la biodiversidad. El activismo de los movimientos sociales étnicos del Pacífico también logró que tuviera importante presencia de sus representantes en la asamblea general y en la junta directiva de las Corporaciones Regionales, las cuales son las autoridades ambientales departamentales. Similar participación obtuvieron en el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico el cual heredó del PBP los archivos y la misión de investigación y conservación de la biodiversidad en el Pacífico.

Aunque reconocen los riesgos que implica esta participación, están convencidos de que el discurso de la biodiversidad suministra posibilidades que no pueden darse el lujo de ignorar. La biodiversidad también puede ser un elemento importante en la formulación de estrategias alternativas de desarrollo. Como lo señalan los activistas, ellos no quieren ningún tipo de desarrollo convencional; no obstante existe menos claridad sobre qué es lo que quieren. También reconocen que los expertos —ecologistas, antropólogos, biólogos, planificadores, etc.— pueden ser aliados importantes en este sentido. Esto sugiere la posibilidad de una colaboración entre expertos y activistas de los movimientos sociales.

La noción de "territorio" es un nuevo concepto en las luchas sociales de las selvas tropicales. Los campesinos están involucrados en luchas por la tierra en toda América Latina. El derecho al territorio —como espacio ecológico, productivo y cultural— es una nueva exigencia política. Esta exigencia está promoviendo una importante reterritorialización, es decir, la formación de nuevos territorios motivada por nuevas percepciones y prácticas políticas. Los discursos sobre biodiversidad y dinámica del capital en su fase ecológica, abren espacios que los activistas tratan de utilizar como elementos de lucha. Esta dialéctica presenta una serie de paradojas para el movimiento, incluyendo los aspectos contradictorios de defender la naturaleza y cultura locales mediante un lenguaje que no refleja la experiencia local sobre la naturaleza y la cultura.

Existen fundamentos teóricos para prever alianzas entre comunidades locales y tecnociencia, cuya conveniencia política no debe descartarse de antemano. Es aleccionador el caso de cierto número de Ong’s del Tercer Mundo han tenido éxito en la articulación de una visión de oposición que circula en algunos puntos de la red, gracias en buena parte a nuevas prácticas y medios, como lo son las redes electrónicas y los encuentros preparatorios de las Naciones Unidas.

Las formas de entender y relacionarse con la naturaleza que han existido en la región del Pacífico, se están transformando por el aumento creciente de capital, desarrollo y modernidad, incluyendo los discursos sobre desarrollo sostenible y biodiversidad. Los paisajes actuales de la naturaleza y la cultura se caracterizan por naturalezas híbridas. Las naturalezas híbridas tomarían una forma especial en las áreas de bosques tropicales, donde grupos populares y movimientos sociales buscarían defender, mediante prácticas novedosas, la naturaleza orgánica contra el embate de la naturaleza capitalista, con tecnonaturaleza como posible aliada. En lugares como el Pacífico colombiano, las luchas por la diferencia cultural también son luchas por la diversidad biológica. ¿Qué tipos de naturaleza será posible diseñar y proteger bajo estas circunstancias? ¿Es posible construir una política cultural sobre biodiversidad que no profundice la colonización de los paisajes naturales y culturales tan característica de la modernidad? (Escobar 1997b).

Posicionadas en plena convergencia entre diferentes regímenes epistémicos históricos —cuya hibridación constituye una forma única de postmodernidad— las luchas en las selvas tropicales del mundo tendrían historias ejemplares que contarnos sobre qué ha sido la "naturaleza", qué es y qué podría ser en el futuro. Si es cierto que la práctica de la filosofía es la creación de conceptos —una construcción de posibilidades para la vida mediante prácticas nuevas de pensamiento, imaginación y entendimiento (Deleuze y Guattari, 1993)— y que dicha tarea hoy implica revalidar la resistencia contra el capitalismo, los activistas en las selvas tropicales podrían mantener vivo el sueño de otras tierras y otras gentes para el futuro. ¿Utópico? Tal vez. Pero tengamos presente que "utopía designa la conjunción de la filosofía con el presente [...] Mediante la utopía la filosofía se vuelve política, llevando hasta el extremo la crítica de su era" (Deleuze y Guattari, 1993:101). Algunas de estas utopías de la naturaleza y la cultura pueden verse en las prácticas disidentes de los activistas indígenas y negros del Pacífico colombiano.

Las disputas de la biodiversidad en el Pacífico

Confrontados con presiones nacionales e internacionales sobre los recursos naturales y genéticos de la región, las comunidades negras e indígenas organizadas se han preparado para librar una lucha desigual y estratégica por mantener el control sobre el último espacio territorial en el cual aún ejercen una influencia cultural y social significativa.

Con respecto a la posibilidad de disminuir las actividades predatorias del Estado y el capital, las discusiones de la biodiversidad son de suma importancia para los movimientos negros e indígenas. Han demostrado ampliamente el menor impacto que los sistemas tradicionales tienen sobre la biodiversidad, mientras deconstruyen la percepción de que las selvas están siendo destruidas por indígenas y negros pobres. Los futuros desarrollos en relación con la biodiversidad estarán condicionados por tres factores: la cuestión de la paz y la violencia, la capacidad para imaginar e implementar estrategias de desarrollo alternativas, y la persistencia y fortaleza del movimiento.

La construcción de nociones de territorio y de región en el Pacífico colombiano es de reciente data. Importante en la construcción de estas nociones fueron las respuestas tempranas dadas por comunidades y organizaciones negras a la arremetida del capital (particularmente maderero y minero) en la región media del Atrato a partir de mediados de la década de los ochenta. Esta arremetida, siguiendo el acertado análisis de William Villa (1998), no sólo profundizó la erosión de las prácticas tradicionales de producción y los modos de poblamiento y apropiación del medio de las comunidades, sino que empujó a las comunidades del área a delimitar y defender sus territorios de la invasión de foráneos. Esta apropiación vivencial del territorio tomó un giro definitivo con la intervención de la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA), la cual ya incorpora en la discusión elementos de etnicidad y de cuestionamiento al estado. A partir de estas luchas es dónde debe marcarse "el inicio de un nuevo orden territorial para el Pacífico y la constatación de la eficacia de un discurso político que articula la identidad cultural del negro con relación a la forma específica de apropiación territorial" (Villa 1998: 441).

Puede decirse que en esta articulación entre identidad cultural y apropiación de un territorio subyace la ecología política del movimiento social de comunidades negras e indígenas. La demarcación de territorios colectivos negros y resguardos indígenas ha llevado a los activistas a desarrollar una concepción del territorio que enfatiza articulaciones entre los patrones de asentamiento, los usos del espacio y las prácticas de usos-significados de los recursos expresados en el caso indígena en cosmologías ancestrales.

Los "sistemas tradicionales de producción" de las comunidades ribereñas, más orientados al consumo local que al mercado y la acumulación, han operado como formas de resistencia. Han sido sostenibles al punto de que han permitido la reproducción de las ecologías culturales y biofísicas y a la definición de biodiversidad como "territorio más cultura". Estrechamente relacionada con dicha definición está una visión del Pacífico como "un territorio-región de grupos étnicos": una unidad cultural y ecológica que es un espacio laboriosamente construido a través de prácticas culturales y económicas cotidianas de comunidades negras e indígenas.

El territorio-región es una unidad conceptual, así como un proyecto político. Es un esfuerzo por explicar la diversidad biológica desde adentro de la lógica eco-cultural del Pacífico. El territorio es el espacio de apropiación del ecosistema por las comunidades, en complejas interacciones con el ecosistema. El territorio-región, en cambio, articula este proyecto de vida de las comunidades con el proyecto político del movimiento social, es una construcción política de defensa del territorio y de su sostenibilidad. La estrategia del territorio-región es esencial para el fortalecimiento de territorios específicos en sus diversas dimensiones ecológicas, económicas y culturales.

¿Se podría decir que encarna un enfoque de la biodiversidad alternativo, o incluso, una ecología política legítima? Si el territorio es un ensamblaje de proyectos y representaciones donde una serie entera de comportamientos y compromisos puede emerger pragmáticamente en el tiempo y en el espacio estético, social, cultural y cognitivo, es decir, un espacio existencial de auto-referencia de donde pueden surgir "subjetividades disidentes" (Guattari, 1995a, 1995b) es claro que este proyecto está siendo promovido por los movimientos sociales del Pacífico. En este sentido, lo que está en juego con los resguardos indígenas y con los territorios colectivos negros no es la "tierra", ni siquiera el territorio de esta o aquella comunidad, sino el concepto de territorialidad en sí mismo como un elemento central en la construcción política de la realidad sobre la base de la experiencia cultural de los grupos étnicos del Pacífico. La lucha por el territorio es, entonces, una lucha cultural por la autonomía y la auto-determinación.

Territorio, autonomía política, recursos naturales, autoría de desarrollos y usos biológicos son entonces parte de un mismo y complejo problema. La continuidad de la existencia de los grupos étnicos rurales es concomitante con el acceso a sus territorios tradicionales y al control sobre los recursos naturales contenidos en tales territorios manejados tradicionalmente. Así mismo la continuidad de los grupos étnicos depende también de la implementación de legislación que proteja y garantice la especificidad cultural y la autonomía política . En este contexto las luchas de los grupos étnicos por ejercer el control sobre los usos de la biodiversidad contenida en sus territorios y sobre los usos del conocimiento tradicional asociado a esa biodiversidad constituye un factor imprescindible para su supervivencia cultural y política

Para promover la innovación en comunidades locales y emergentes, como el Pacífico colombiano, e incluso pensando en los usos de ese conocimiento en la economía global, es necesario considerar la manera en que el conocimiento global puede ser vinculado positivamente a las prácticas locales. Esta aproximación no sólo se opone directamente a las propuestas dominantes basadas en los derechos de propiedad intelectual, sino que también encuentra una articulación con la ecología política configurada por los movimientos sociales. Como lo plantea Martínez Alier (1996), el conflicto inherente a los debates de la biodiversidad entre el razonamiento económico y el ecológico necesita ser solucionado políticamente. De otra manera, las estrategias de conservación resultarán en la mercantilización de la biodiversidad. ¿Es posible defender una racionalidad de producción ecológica posteconomicista? En la práctica, parece que los movimientos sociales son los más claros defensores de las "economías ecológicas". Por lo menos ellos se rehusan a reducir las demandas territoriales y ecológicas a los exclusivos términos del mercado, y esta es una lección importante para cualquier estrategia de conservación de la biodiversidad (Varese, 1996).

Los movimientos étnicos del Pacífico, de manera similar a como lo plantea Visvanathan para India, enfrentan la racionalidad del capital con la lógica de prácticas productivas construidas por siglos y en muchos aspectos incompatibles con la institucionalidad y la discursividad del desarrollo basado en una versión particular, predatoria e instrumental, de la ciencia y la economía. Visvanathan plantea que la cuestión del conocimiento tradicional debe erigirse en un corpus de principios que cuestionen el saber occidental mediante una visión del mundo basada en un uso creativo de la naturaleza y en una sobria satisfacción de las necesidades de toda la sociedad (c.f Visvanathan 2000: 36-42). Las intenciones de consagrar en las legislaciones nacionales y en los acuerdos internacionales una visión fragmentada de la vida -vista como componentes genéticos o bioquímicos-- y del conocimiento tradicional -al considerarlo sólo como portador de valor capitalista potencial-- pueden conducir según Santos (2000: 22-24) a la negación de los derechos de los pueblos nativos a ser considerados sociedades integrales, no separables entre fragmentos de su conocimiento, o entre los aspectos biológicos, económicos o sociales de sus prácticas.

Los grupos étnicos del Pacífico y sus organizaciones han tomado medidas importantes respecto a los manejos de la biodiversidad y el conocimiento asociado. Las organizaciones indígenas OREWA del Chocó y OIA de Antioquia han expedido reglamentos sobre los usos y divulgación del conocimiento tradicional en los que se establecen exigencias a quienes planeen investigar sobre los recursos naturales. Estas organizaciones declaran al conocimiento tradicional como propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Establecen que toda investigación ha de mostrar claros beneficios para los indígenas y que ha de pasar por un proceso de consulta y de análisis de las comunidades locales y de la organización y que todo uso posterior de la investigación ha de ser acordado previamente con la organización. La OREWA ha ido aún más lejos y ha prohibido indefinidamente todas las investigaciones que versen sobre conocimiento tradicional y recursos genéticos.

Las organizaciones negras también han tomado conciencia de la importancia de controlar el acceso y uso del conocimiento tradicional y de la investigación en los territorios colectivos. La mayoría de las organizaciones exige un proceso de consulta para realizar investigaciones.

Líderes indígenas y negros han ido progresivamente tomando parte en las discusiones internacionales sobre la biodiversidad. Por ejemplo en la Conferencia de las Partes del CDB en Buenos Aires en 1996 asistieron delegados indígenas y negros de Colombia quienes coincidieron en proponer una moratoria de investigaciones sobre biodiversidad hasta que no se garanticen los derechos colectivos de los grupos étnicos. Los grupos étnicos colombianos han podido ya ver ejemplos muy cercanos de las amenazas de la bioprospección incontrolada como en el intento de patentar en Estados Unidos unos de los componentes del yagé, un alucinógeno sagrado, o en la toma inconsulta de muestras sanguíneas en grupos indígenas y su posterior envío a Estados Unidos.

La biodiversidad es una construcción que constituye una poderosa interfase entre la naturaleza y la cultura que origina una vasta red de localidades y actores a través de los cuales los conceptos, las políticas, y últimamente, las culturas y las ecologías son debatidos y negociados. Esta construcción tiene una creciente presencia en las estrategias de los movimientos sociales en muchas partes del mundo. El movimiento social étnico de la región del Pacífico colombiano, como hemos visto, ha generado una política cultural que está significativamente mediatizada por preocupaciones ecológicas, incluyendo la biodiversidad y avanza a través de la construcción lenta y laboriosa de identidades afrocolombianas y la reafirmación de la identidad indígena que se articulan con construcciones alternativas del desarrollo, el territorio y la conservación de la biodiversidad.

Su articulación aún incipiente y precaria, pero iluminadora de un vínculo entre cultura, naturaleza y desarrollo, constituye un marco de ecología política alternativo para las discusiones sobre la biodiversidad. Una cosa está clara: la distancia entre los discursos dominantes acerca de la conservación de la biodiversidad y la ecología política de los movimientos sociales es inmensa y quizás creciente. Como ha sido expuesto, las luchas de estos movmientos tienen diferentes y complejas facetas. Se enfrentan al estado nación para lograr el derecho a existir como sociedades diferentes, con sus propias autoridades, con sus propias normas. Se enfrentan a distintos agentes económicos que buscan ganancias en sus territorios o en sus conocimientos ancestrales. Resisten la irrupción de los agentes de la guerra que no respetan ningún derecho. Crean y amplían circuitos locales e internacionales de actores disidentes frente al orden hegemónico. Estos aspectos de sus luchas se suman a las de otros actores que van construyendo y conectando propuestas antihegemónicas de origen heterogéneo. Así, son estos movimientos sociales expresiones emancipatorias al propugnar en mayor o menor medida por "the transformation of power into shared authority, the transformation of despotic privilege into democratic right and the transformation of knowledge into knowledge-emancipation" (Santos y Matias 2000: 36)

Reconocimientos: El contenido de este artículo se ha beneficiado de las intervenciones de los demás participantes en las reuniones de trabajo del del Proyecto CES/Mac Arthur "Reinvención de la Emancipación Social" en Bogotá y en el simposio celebrado en Coimbra en Noviembre de 2000. Los comentarios del director del proyecto, Boaventura de Sousa Santos fueron valiosísimos para aclarar varias ideas y dar forma final a este escrito.

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